El sector empresarial de Costa Rica propone que ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país, se reduzca de forma temporal el Impuesto al Valor Agregado.
Directivos de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también plantean que ante el brote del covid19 se debe elevar los impuestos a lo salarios altos, para compensar la reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A las empresas que adeuden impuestos al Instituto de Turismo de Costa Rica se les concederá una moratoria durante abril, mayo, junio y julio.
En relación a los impuestos a los que aplicará la moratoria, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que son el de 5% por la venta de cada boleto aéreo que se origina en Costa Rica para viajes internacionales, además del 5% que se aplica a la compra de boletos cuyo destino sea nuestro país.
Aplicar un plan de rescate en el que la SAT flexibilice los cobros de impuestos y el IGSS asista a los empleados, es parte de la propuesta de los empresarios guatemaltecos del sector comercial y de servicios, ante la crisis que se ha generado por la emergencia sanitaria.
Extensión de los plazos para el pago de impuestos y la flexibilidad en la presentación de las declaraciones de renta de personas físicas y jurídicas, son algunas de las medidas que aplicarán las autoridades en el contexto de la crisis del covid19.
Sin detallar los nuevos plazos que serán exigidos a los contribuyentes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que las medidas están contenidas en el Decreto Ejecutivo 252 del 24 de marzo.
La Superintendencia de Administración Tributaria declaró inhábiles los días comprendidos entre el 24 de marzo y el 14 de abril, para los efectos del cómputo de plazos establecidos en la legislación tributaria.
El 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial la Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Número SAT-DSI-280-2020, en la cual se declaran inhábiles los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo del 2020, y 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 y 14 de abril 2020, inclusive, para efectos de diferir el cómputo de los plazos establecidos en la legislación tributaria y los procedimientos administrativos internos de esta entidad.
A raíz de los efectos económicos que causará el brote de covid-19 en la Asamblea Nacional proponen la suspensión generalizada por tres meses del pago de tributos, servicios básicos y créditos bancarios, pero los empresarios opinan que no es conveniente generalizar las medidas.
En la Asamblea Nacional avanza el proyecto de Ley No. 390, que propone la suspensión de los pagos y cobros de impuestos, cuotas de seguridad social, préstamos hipotecarios, comerciales y agropecuarios.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de Ley que extiende el período de amnistía tributaria hasta el 30 de junio de 2020.
La iniciativa propone que se reconozca hasta el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y multas si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año, a fin de que los contribuyentes procedan a realizar sus pagos o abonos correspondientes.
Ante la emergencia que deriva de la propagación del covid-19, presentaron ante la Asamblea un proyecto de ley que propone suspender por 90 días calendario el pago de tributos municipales y nacionales.
La iniciativa establece también la suspensión por 90 días el pago de luz eléctrica y agua potable, así como los préstamos hipotecarios y personales entre otros, informó la Asamblea Nacional.
Una moratoria de tres meses al pago de impuestos de valor agregado, renta de empresas y aranceles de aduanas, es la propuesta del Ejecutivo ante la emergencia que deriva de la propagación del covid-19 en el país.
La iniciativa “Proyecto de alivio fiscal ante el COVID-19” que fue presentada ante la Asamblea Legislativa el 16 de marzo, propone que los contribuyentes puedan posponer el pago de impuestos por al menos tres meses.
Autoridades panameñas anunciaron que a partir de septiembre de 2020, comenzará a intercambiar información financiera de manera automática con el país sudamericano.
Las negociaciones entre ambos países iniciaron en 2019 y en las reuniones técnicas se acordaron los mecanismos que se utilizarán para transferir en doble vía la información de manera automática.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
Autoridades locales anunciaron que desde el 7 de marzo los vehículos de transporte de carga que transiten por el país y que viajen desde Costa Rica, ya no pagarán $50 en las aduanas nicaragüenses.
Debido a que los fertilizantes se encarecieron por la reforma tributaria aplicada el año pasado, para el ciclo agrícola 2019-2020 el volumen demandado en el país cayó en aproximadamente 220 mil quintales.
Los distribuidores en el país estiman que con la Ley de Concentración Tributaria aprobada a finales de febrero de 2019, los precios de los fertilizantes aumentaron hasta en un 17% y los agroquímicos entre un 20% y 30%.
La Asamblea aprobó en primer debate un proyecto de ley que pretende gravar la venta y autoconsumo de cemento que sea importado o producido a nivel local.
La iniciativa establece que el impuesto será sobre el cemento importado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional, informó la Asamblea Legislativa.
Ante la propuesta de las autoridades de suprimir el secreto bancario en el país, empresarios del sector industrial se oponen, pues argumentan que en el país ya existe procedimientos jurídicos para hacerlo mediante un juez.
El 11 de febrero en conferencia de prensa el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, defendió la propuesta de acceder a información sensible de los contribuyentes y aseguró que con el levantamiento del secreto bancario buscan hacerle frente a la evasión fiscal.
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