Por primera vez los Tribunales de Justicia del país condenaron a seis personas a 10 años de prisión por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, sentencia que corresponde al caso de una empresa importadora de ropa que defraudó por un monto superior a los $575 mil.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que durante 16 años el contribuyente que fue condenado utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia.
Todo contribuyente moroso hasta el 29 de febrero de 2020 y que se acoja a un arreglo de pago hasta el 31 diciembre de 2020, abonando el 25% o más del convenio, tendrá tiempo para completar el pago de sus tributos ante el Estado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Con la publicación del Decreto Ejecutivo 512 del 23 de septiembre de 2020 en la Gaceta Oficial, la ampliación de la vigencia de la amnistía se hizo oficial.
Luego de que en Guatemala se anunciara la intención de aumentar el impuesto a la distribución de cemento y al de combustibles, empresarios opinan que en este escenario de incipiente recuperación económica no es buena idea incrementar la carga impositiva.
Para hacerle frente a los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19, las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
En Costa Rica la administración Alvarado estaría considerando crear un impuesto sobre cada transacción que una persona o empresa realice a través de una entidad financiera, gravamen que desincentivará el ahorro y motivará a las personas a usar dinero en efectivo.
Para negociar un crédito de mediano y largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades costarricenses estarían planeando diseñar y crear un nuevo tributo, que consiste en que cada persona pague un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en las transacciones que realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera.
Con el objetivo de gravar el monto total de las utilidades de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, sin importar el lugar donde sean generadas sus ganancias, se presentó ante la Asamblea un proyecto que busca modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
A partir del 28 de agosto el Ministerio de Hacienda de Costa Rica puso a disposición de los contribuyentes, una plataforma virtual tiene aproximadamente 40 funcionalidades relacionadas con control extensivo, recaudación, valoraciones y fiscalización.
La nueva herramienta llamada "Trámite Virtual" y a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo, funciona como instrumento de acompañamiento para los contribuyentes que requieren estar al día con las normas tributarias, informó el Ministerio de Hacienda (MH).
Hoteles, bares, restaurantes, agencias de comercializadoras de vehículos y gasolineras, son los establecimientos que en el país más han contraído sus ventas en este contexto de crisis económica.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que entre marzo y junio de 2020, las ventas de los hoteles, bares y restaurantes ha cayeron en 75,3%, las de los establecimientos dedicados a la comercialización de vehículos en 55% y la de las gasolineras en 47%.
Con el objetivo de de actualizar el Acuerdo Intergubernamental para la efectividad de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas Extranjeras, firmado por las dos partes en 2013, los gobiernos de ambos países suscribieron un acuerdo complementario de FATCA.
Con la suscripción del Acuerdo complementario se actualizará el fundamento jurídico del Acuerdo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con lo establecido en el Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para el intercambio de información en materia tributaria, el cual entrará en vigor el próximo mes de setiembre, informó el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
De enero a julio de 2020 los ingresos del gobierno salvadoreño ascendieron a $2.856 millones, 12% menos de lo reportado en igual período de 2019, caída que se explica por la merma de la actividad económica que se propició por el brote de covid19.
El Ministerio de Hacienda reportó que entre los primeros siete meses de 2019 y el mismo período de este año, los ingresos disminuyeron en $658 millones, al pasar de $3.234 millones a $2.856 millones.
En el segundo trimestre del año los ingresos fiscales disminuyeron en 14%, caída que estuvo influenciada por la baja en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, situación que deriva de la crisis económica que surgió a causa del brote de covid19 a nivel global.
Cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública detallan que entre abril y junio de 2019, y el mismo período de 2020, la recaudación fiscal pasó de $549 millones a $471 millones, lo que equivale a una variación de 14,1%.
Con el objetivo de compartir información de empresas para fines de inteligencia tributaria y así combatir la evasión fiscal, en El Salvador el ministro de Hacienda y el superintendente del sistema financiero firmarán un convenio.
Este anuncio se da en el contexto de una crisis económica, que deriva de las severas restricciones impuestas por el gobierno desde el pasado mes de marzo, a causa del brote de covid19.
La contracción económica nacional y el efecto de la moratoria tributaria establecida en la Ley 9830, provocaron en los primeros cinco meses de 2020 una caída de 6,1% en la recaudación tributaria.
El mayor impacto en los ingresos tributarios se observó en los siguientes rubros: aduanas, por la caída de las importaciones ante la desaceleración de la actividad económica, renta, por la disminución en el ingreso por el impuesto a las personas jurídicas y remesas del exterior, y “otros ingresos tributarios”, en especial por el comportamiento del impuesto único a los combustibles y la caída en los derechos de salida del territorio, informó el Banco Central.
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