Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Al cierre de 2020 el gobierno salvadoreño logró recaudar $4.821 millones, 6% menos que lo reportado en 2019, baja que se explica por la crisis económica que enfrentó el país a causa de la emergencia sanitaria que provocó la propagación de la covid19.
De acuerdo a cifras difundidas en el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, entre 2019 y 2020 los ingresos públicos en El Salvador mermaron en $327 millones, al pasar de $5.148 millones a $4.494 millones.
Todo contribuyente moroso hasta el 29 de febrero de 2020 y que se acoja a un arreglo de pago hasta el 31 diciembre de 2020, abonando el 25% o más del convenio, tendrá tiempo para completar el pago de sus tributos ante el Estado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Con la publicación del Decreto Ejecutivo 512 del 23 de septiembre de 2020 en la Gaceta Oficial, la ampliación de la vigencia de la amnistía se hizo oficial.
Luego de que en Guatemala se anunciara la intención de aumentar el impuesto a la distribución de cemento y al de combustibles, empresarios opinan que en este escenario de incipiente recuperación económica no es buena idea incrementar la carga impositiva.
Para hacerle frente a los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19, las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
De enero a julio de 2020 los ingresos del gobierno salvadoreño ascendieron a $2.856 millones, 12% menos de lo reportado en igual período de 2019, caída que se explica por la merma de la actividad económica que se propició por el brote de covid19.
El Ministerio de Hacienda reportó que entre los primeros siete meses de 2019 y el mismo período de este año, los ingresos disminuyeron en $658 millones, al pasar de $3.234 millones a $2.856 millones.
En el segundo trimestre del año los ingresos fiscales disminuyeron en 14%, caída que estuvo influenciada por la baja en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, situación que deriva de la crisis económica que surgió a causa del brote de covid19 a nivel global.
Cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública detallan que entre abril y junio de 2019, y el mismo período de 2020, la recaudación fiscal pasó de $549 millones a $471 millones, lo que equivale a una variación de 14,1%.
Con el objetivo de compartir información de empresas para fines de inteligencia tributaria y así combatir la evasión fiscal, en El Salvador el ministro de Hacienda y el superintendente del sistema financiero firmarán un convenio.
Este anuncio se da en el contexto de una crisis económica, que deriva de las severas restricciones impuestas por el gobierno desde el pasado mes de marzo, a causa del brote de covid19.
La contracción económica nacional y el efecto de la moratoria tributaria establecida en la Ley 9830, provocaron en los primeros cinco meses de 2020 una caída de 6,1% en la recaudación tributaria.
El mayor impacto en los ingresos tributarios se observó en los siguientes rubros: aduanas, por la caída de las importaciones ante la desaceleración de la actividad económica, renta, por la disminución en el ingreso por el impuesto a las personas jurídicas y remesas del exterior, y “otros ingresos tributarios”, en especial por el comportamiento del impuesto único a los combustibles y la caída en los derechos de salida del territorio, informó el Banco Central.
Durante el primer semestre de 2020 los ingresos corrientes del Gobierno Central ascendieron a $2.231 millones, monto que es menor en 34% a lo reportado en igual período de 2019.
En los meses de enero y febrero del 2020, antes de los impactos adversos del covid19, la recaudación de los ingresos corrientes arrojaba resultados favorables de 11,7% por encima de los presupuestado, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las autoridades que asumirán el gobierno en 2020 en Guatemala podrían evaluar opciones para gravar de forma temporal algunos sectores, sin embargo, se correría el riesgo de que estos tributos se conviertan en permanentes.
Aunque Costa Rica y Nicaragua aprobaron este año sendas reformas fiscales, se pronostica que no se alcanzarán los resultados esperados en materia de recaudación de impuestos.
El documento "Centroamérica: análisis sintético, por país, del desempeño de la recaudación tributaria en 2019", elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que, en el caso de Costa Rica y Nicaragua, los resultados esperados en términos de mejora en la recaudación, aún están entredicho.
El déficit del Balance Total del Gobierno Central a marzo 2019, es de $1.267 millones, 1,8% del PIB, por encima del 1,4% registrado al cierre del primer trimestre de 2018.
Los ingresos totales con documentos fiscales del Gobierno Central a marzo 2019, ascendieron a $1,618 millones, con una disminución de 7,1% con respecto a marzo 2018, explica un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas.
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