Para acceder al crédito de $1.750 millones que pretende solicitar al FMI, el gobierno de Costa Rica propone gravar las transacciones financieras, aumentar el impuesto a las utilidades de empresas y personas, e incrementar el impuesto a los bienes inmuebles.
La tarde del 17 de septiembre y en el contexto de una severa crisis económica que ya venía gestándose desde antes del inicio de la pandemia, la administración Alvarado presentó el plan con el que pretende mitigar el impacto fiscal que tuvo la crisis del covid19, propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones.
Con el objetivo de gravar el monto total de las utilidades de personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica, sin importar el lugar donde sean generadas sus ganancias, se presentó ante la Asamblea un proyecto que busca modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Actualmente en Costa Rica se aplica un sistema de renta territorial, que consiste en gravar las ganancias producidas exclusivamente a nivel local.
Se extendieron los plazos de declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, jurídicas y entidades, hasta el 29 de julio de 2020, además se mantiene la exoneración del pago del anticipo mensual que vence el próximo 15 de julio.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) explicó mediante un comunicado que estas medidas se disponen en virtud de la extensión del estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Núm. 213-20.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica, en Honduras el sector empresarial pide ampliar el plazo para el pago del Impuesto Sobre la Renta, que vence el próximo 30 de junio.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), solicitó a la Secretaría de Finanzas que se reforme el Decreto 33-2020, para que se postergue el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año fiscal 2019.
En Panamá fue publicado en La Gaceta el decreto que extiende hasta el 17 de julio de 2020, el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Rentas como el pago del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al período fiscal 2019.
El gobierno informó que a través del Decreto Ejecutivo No.298 de 27 de mayo de 2020, concede un plazo de 120 días calendarios contados a partir de la fecha de promulgación de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020 para el pago de tributos que se causen o deban pagarse durante dicho período y que sean competencia de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin que ello conlleve la generación y pago de intereses, recargos y multas.
Para darle la oportunidad a personas naturales y jurídicas de ponerse al día con esta obligación interrumpida por la pandemia, las autoridades extendieron hasta el 17 de julio el plazo para declarar el pago del Impuesto sobre la Renta.
El término para cancelar este compromiso con el Estado panameño venció el 31 de marzo de 2020, y se le añadió una prórroga hasta el 30 de mayo, dadas las circunstancias con las afectaciones del covid19, las dificultades que presentan muchas empresas y el tiempo que necesitan los contadores públicos para presentar dichas declaraciones, explicaron los representantes de la Dirección General de Ingresos (DGI).
En la Asamblea Legislativa de El Salvador se discutirá una iniciativa que como objetivo aplazar postergar hasta el 30 de junio de 2020, la declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2019.
La medida busca apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia a causa del Covid19, informó la Asamblea.
En Nicaragua el gobierno pretende aumentar las cuotas patronales, laborales y estatales del Seguro Social, y además aprobar una reforma tributaria que aumentaría los impuestos a medianas y grandes empresas.
Aunque el país se encuentra sumido en una grave crisis económica y política desde abril de 2018, cuando el gobierno intentó implementar reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la administración Ortega pretende nuevamente realizar cambios en la institución, esta vez mediante una resolución administrativa.
En la Asamblea Legislativa se analizan 26 proyectos de ley que involucran la creación de nuevos impuestos, el incremento de algunos ya existentes y la redistribución de otros.
Un análisis realizado por Nacion.com señala que actualmente la Asamblea Legislativa estudia 26 proyectos de ley presentados durante la actual administración que involucran de alguna forma el tema tributario. "...
Pese a variados anuncios sobre nuevos impuestos, el gobierno se enfocará en controlar la evasión tributaria y dejará a futuras administraciones la decisión de implementar una reforma fiscal.
Según las autoridades del Ministerio de Finanzas, actualmente no hay un consenso para realizar una reforma fiscal. La prioridad será ahora ejercer y fortalecer la administración tributaria para suplir los gastos del presupuesto de este año.
Al finalizar el plazo este 31 de diciembre para acogerse a la actual moratoria, se comenzará a cobrar un 10% de recargo a los morosos en el pago de impuestos sobre la renta o sobre inmuebles.
Según algunos contribuyentes esta medida representa un "... Aumento disimulado de impuestos, lo que contradice la promesa del presidente Juan Carlos Varela de no aumentar los tributos, a pesar del déficit fiscal existente." Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), "...' el recargo... es un poco alto, este porcentaje no se había registrado en la historia del país'."
Uno de los temas donde aún no se llega a un acuerdo es la inclusión del monto de las propinas para el cálculo del impuesto a la renta.
Ambas partes discuten tres artículos de la Ley de Actualización Tributaria, en los que hasta el momento no han logrado alcanzar un acuerdo.
De acuerdo con Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), uno de los artículos que ha generado desacuerdo es el relacionado con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por las propinas que reciben las empresas de servicios.