El consorcio constructor rechaza una a una las propuestas de solución, a sabiendas de que su sustitución implicaría costos superiores a ceder sus pretensiones.
EDITORIAL
La supuesta luz en el túnel que supuso un principio de acuerdo para solucionar la alegada falta de liquidez del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), se apagó cuando el consorcio encabezado por Sacyr e Impregilo volvió a su postura maximalista: O se les reconocen sobrecostos por $1.600 millones, o paralizan las obras.
El consorcio constructor no cumplió su amenaza de parar las obras al cumplirse el plazo señalado, mientras la Administración del Canal se prepara para asumir el proyecto.
Y este lunes se conoció otra propuesta del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para permitir la continuación de los trabajos, consistente en que las partes en conflicto cofinancien los llamados costos imprevistos, mientras se decide en las instancias arbitrales previstas en el contrato, quién debe pagarlos.
El haber pasado por alto el reporte de Betchel sobre deficiencias técnicas en la muy barata propuesta del Grupo Unidos por el Canal para la ampliación del Canal, ahora puede salir muy cara a la ACP.
En el momento de adjudicarse la construcción de las obras de ampliación del Canal de Panama al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), fueron notorios los esfuerzos del gobierno norteamericano para revertir esa decisión en favor del consorcio liderado por la constructora norteamericana Betchel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (BTM).
Los hechos parecen haber dado la razón a lo dicho en 2009 -según WikiLeaks- por el embajador norteamericano, que señaló a Sacyr como "una empresa quebrada sostenida solamente por el gobierno español".
El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del canal entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide -vía prensa- $1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
La amenaza de paralizar los trabajos del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá tiene en vilo a operadores marítimos y portuarios de todo el mundo.
El conflicto entre el consorcio constructor (GUPC) encabezado por la española Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), originado en la demanda del primero del pago de $1.600 millones en concepto de sobrecostos, y el rechazo de esa pretensión por parte de la ACP, amenaza extender más allá del 2015 la inauguración de la ampliación de la vía interoceánica, por la cual ya transita el 5% de la carga marítima mundial.