La italiana Salino Impregilo, en su condición de inversor y no como integrante del consorcio constructor, reclama al Estado panameño $2.200 millones por supuesta pérdida de retorno de la inversión y daños compensatorios.
En momentos en que el tercer juego de esclusas registra un avance de 91%, la empresa italiana Salino Impregilo argumenta que "... como consecuencia de las supuestas violaciones al (acuerdo de Promoción y Protección de inversiones firmado en 2009 entre ambos países), la empresa ha sufrido –en su calidad de “inversionista”– costos adicionales estimados en 2 mil 200 millones de dólares.
El acuerdo entre la Autoridad del Canal y el consorcio GUPC se enmarca en las condiciones del contrato original y descarta pago por sobrecostos por fuera de ese contrato.
El Tercer Juego de Esclusas va a completarse dentro de los términos del contrato, tal y como lo exigió la Autoridad del Canal de Panamá desde un inicio.
Del comunicado de prensa de la Autoridad del Canal de Panamá:
La Autoridad del Canal informó que los acuerdos preliminares alcanzados días atrás no lograron materializarse.
La ACP considera como “crítica” esta semana para tomar una decisión en función de que el proyecto reinicie lo antes posible.
Del comunicado de prensa de la Autoridad del Canal de Panama:
Ciudad de Panamá, 18 de febrero de 2014.- La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informa que a pesar de sus esfuerzos por acordar con Grupo Unidos por el Canal (GUPC) la reactivación de las obras del Tercer Juego de Esclusas, las posiciones entre las partes se mantienen distantes.
El ex presidente de Sacyr habría declarado que la constructora española gestionó mal los reclamos por sobrecostos por los problemas en el concreto de la obra.
Según el artículo en Laestrella.com.pa, Luis Del Rivero, expresidente de la española Sacyr, señaló que "No se puede estar dos años y medio sin resolver un asunto, si se ha dado un anticipo y se vive cómodo con el anticipo, no puedes poner después una pistola para reclamar más dinero."
El Grupo Unidos por el Canal comunicó la suspensión de la obra, mientras empresas proveedoras y trabajadores aparecen como los primeros damnificados.
Son cerca de trescientos los subcontratistas y proveedores del consorcio constructor GUPC y unos 3 mil trabajadores, los primeros perjudicados en forma directa por la paralización de los trabajos de ampliación del Canal, ya que la empresa declara su insolvencia para hacer frente al pago de deudas y salarios.
La Autoridad del Canal de Panamá informó que el consorcio GUPC ha cesado toda actividad, y se prepara para lograr continuar las obras bajo su administración.
El principal reto que enfrenta ahora la Autoridad del Canal (ACP), es no "dar ningún paso en falso que provoque la pérdida de la fianza de cumplimiento de $400 millones, cuya depositaria es la aseguradora Zurich American", según lo reseña el artículo en Prensa.com.
El consorcio constructor insiste en que la Autoridad del Canal de Panamá cofinancie $1.600 millones de sobrecostos mientras el arbitraje decide quién debe pagarlos.
Pese al optimismo expresado incluso por el propio presidente Martinelli, terminado el último plazo acordado, las negociaciones entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se han interrumpido, aunque ambas partes señalan que continúan buscando soluciones al litigio.
La aseguradora Zurich no desembolsaría la fianza para terminar la obra si la ACP finiquita el contrato con el consorcio Grupo Unidos por el Canal.
La firma aseguradora Zurich, que dispone de una fianza de cumplimiento de la obra por $400 millones, no estaría dispuesta a ejecutar la garantía si la Autoridad del Canal finaliza la obra con otro contratista, parte del plan B que la ACP tiene en consideración.
El consorcio constructor rechaza una a una las propuestas de solución, a sabiendas de que su sustitución implicaría costos superiores a ceder sus pretensiones.
EDITORIAL
La supuesta luz en el túnel que supuso un principio de acuerdo para solucionar la alegada falta de liquidez del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), se apagó cuando el consorcio encabezado por Sacyr e Impregilo volvió a su postura maximalista: O se les reconocen sobrecostos por $1.600 millones, o paralizan las obras.
El consorcio constructor no cumplió su amenaza de parar las obras al cumplirse el plazo señalado, mientras la Administración del Canal se prepara para asumir el proyecto.
Y este lunes se conoció otra propuesta del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para permitir la continuación de los trabajos, consistente en que las partes en conflicto cofinancien los llamados costos imprevistos, mientras se decide en las instancias arbitrales previstas en el contrato, quién debe pagarlos.
El Consorcio anunció que por ahora no suspenderá los trabajos, pero la ACP advierte que el ritmo de construcción ha bajado un 70%.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la española Sacyr, anunció que pospondrá la paralización de la obra hasta que la Autoridad del Canal (ACP) acepte asumir los sobrecostos, pero para la ACP hay violación del contrato pues los bajos niveles de producción no tienen justificación.
El consorcio constructor reafirmó su ultimátum de detención de las obras si no se llega a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá.
El artículo en Prensa.com reseña que "Grupo Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de construir el tercer juego de esclusas, mantiene vigente el ultimátum dado a la administración del Canal de suspender las obras más importantes del proyecto de ampliación a partir del próximo lunes."
El haber pasado por alto el reporte de Betchel sobre deficiencias técnicas en la muy barata propuesta del Grupo Unidos por el Canal para la ampliación del Canal, ahora puede salir muy cara a la ACP.
En el momento de adjudicarse la construcción de las obras de ampliación del Canal de Panama al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), fueron notorios los esfuerzos del gobierno norteamericano para revertir esa decisión en favor del consorcio liderado por la constructora norteamericana Betchel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (BTM).
Los hechos parecen haber dado la razón a lo dicho en 2009 -según WikiLeaks- por el embajador norteamericano, que señaló a Sacyr como "una empresa quebrada sostenida solamente por el gobierno español".
El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del canal entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide -vía prensa- $1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
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