El consorcio constructor rechaza una a una las propuestas de solución, a sabiendas de que su sustitución implicaría costos superiores a ceder sus pretensiones.
EDITORIAL
La supuesta luz en el túnel que supuso un principio de acuerdo para solucionar la alegada falta de liquidez del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), se apagó cuando el consorcio encabezado por Sacyr e Impregilo volvió a su postura maximalista: O se les reconocen sobrecostos por $1.600 millones, o paralizan las obras.
El consorcio constructor no cumplió su amenaza de parar las obras al cumplirse el plazo señalado, mientras la Administración del Canal se prepara para asumir el proyecto.
Y este lunes se conoció otra propuesta del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para permitir la continuación de los trabajos, consistente en que las partes en conflicto cofinancien los llamados costos imprevistos, mientras se decide en las instancias arbitrales previstas en el contrato, quién debe pagarlos.
El Consorcio anunció que por ahora no suspenderá los trabajos, pero la ACP advierte que el ritmo de construcción ha bajado un 70%.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por la española Sacyr, anunció que pospondrá la paralización de la obra hasta que la Autoridad del Canal (ACP) acepte asumir los sobrecostos, pero para la ACP hay violación del contrato pues los bajos niveles de producción no tienen justificación.
El consorcio constructor reafirmó su ultimátum de detención de las obras si no se llega a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá.
El artículo en Prensa.com reseña que "Grupo Unidos por el Canal (GUPC), contratista responsable de construir el tercer juego de esclusas, mantiene vigente el ultimátum dado a la administración del Canal de suspender las obras más importantes del proyecto de ampliación a partir del próximo lunes."
El haber pasado por alto el reporte de Betchel sobre deficiencias técnicas en la muy barata propuesta del Grupo Unidos por el Canal para la ampliación del Canal, ahora puede salir muy cara a la ACP.
En el momento de adjudicarse la construcción de las obras de ampliación del Canal de Panama al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), fueron notorios los esfuerzos del gobierno norteamericano para revertir esa decisión en favor del consorcio liderado por la constructora norteamericana Betchel con las japonesas Taisei y Mitsubishi (BTM).
Los hechos parecen haber dado la razón a lo dicho en 2009 -según WikiLeaks- por el embajador norteamericano, que señaló a Sacyr como "una empresa quebrada sostenida solamente por el gobierno español".
El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del canal entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide -vía prensa- $1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
La española Sacyr ya había contabilizado como ingresos reales los montos por sobrecostos que la Autoridad del Canal de Panamá rechaza pagarle.
El artículo en Elpais.com reseña que "Sacyr vendió la piel del oso antes de cazarlo. El consorcio encabezado por el grupo constructor español se ha ido apuntando en su contabilidad como ingresos los sobrecostes incurridos en la ejecución de las obras de ampliación del canal de Panamá, pese a que tales partidas no son reconocidas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Sacyr ha reconocido el uso de ese criterio contable, validado por el auditor, en la respuesta a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre sus cuentas. Pese a que el grupo constructor remitió su respuesta al supervisor la semana pasada, transmitió una imagen de normalidad que no daba ningún indicio de que estuviese a punto de dejar en suspenso la obra más importante que ejecuta en la actualidad."
La amenaza de paralizar los trabajos del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá tiene en vilo a operadores marítimos y portuarios de todo el mundo.
El conflicto entre el consorcio constructor (GUPC) encabezado por la española Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), originado en la demanda del primero del pago de $1.600 millones en concepto de sobrecostos, y el rechazo de esa pretensión por parte de la ACP, amenaza extender más allá del 2015 la inauguración de la ampliación de la vía interoceánica, por la cual ya transita el 5% de la carga marítima mundial.
En contrapropuesta a los $100 millones ofrecidos por la ACP el consorcio constructor pide un adelanto de $400 millones y un acuerdo de largo plazo.
La propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de hacer un aporte conjunto de $283 millones y evitar la suspensión de los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas no convenció a los representantes de Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
El consorcio constructor Grupo Unidos por el Canal reclama $1.600 millones por sobrecostos y amenaza paralizar las obras.
Aduciendo la existencia de fallas geológicas no detectadas el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), reclamó a la Autoridad el Canal de Panamá (ACP), el pago de $1.600 millones por sobrecostos causados por alteraciones en las condiciones técnicas originales de la licitación ganada por GUPC.
En el espacio de costa caribeña que le concesionara el gobierno de Panamá, la minera encargó a la española Sacyr Vallehermoso la construcción de un puerto de gran calado.
El artículo en Laprensa.com reseña que "Minera Panamá encargó la construcción de un puerto de gran calado en la costa del Caribe panameño a la empresa Sacyr Vallehermoso, el primer contrato que obtiene la constructora española en este país después de las obras de construcción de las nuevas esclusas del Canal."
La fecha de la licitación para el diseño y construcción de la terminal sur en el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue postergada para el 13 de agosto de 2012.
La administración de la terminal aeroportuaria, a solicitud de las empresas interesadas en el proyecto, aceptó postergar el acto de apertura de las ofertas programado para el próximo 3 de agosto.
La Controlaría panameña desestimó los reclamos interpuestos por los consorcios Samsung Construction and Trading Corporation y el consorcio Sacyr / Interplus.
En las reclamaciones presentadas los consorcios sostenían que la Comisión Evaluadora no actuó correctamente al proporcionar a la empresa FCC el mayor puntaje.
Prensa.com agrega, "En el caso de Samsung reclamó que la candidatura de FCC tenía fallos legales, mientras que las empresas españolas reclamaron una mejor calificación de su propuesta.
Para refinanciar sus deudas la española Sacyr Vallehermoso hipotecó activos entre los que se encuentra la filial que encabeza el Grupo Unidos por el Canal, que construye las nuevas esclusas.
La empresa, según señalan algunos expertos, buscó nuevos ingresos vinculándose a Pemex para hacerse con la presidencia de Repsol.
Sobre el tema el periódico mexicano Milenio, citando fuentes internas de Repsol, señala que la pretensión final de la constructora española sería recoger dividendos de la petrolera para evitar la bancarrota.
Siete consorcios presentaron sus ofertas para la construcción y equipamiento del Mercado de la Ciudad de Panamá, obra que supera los $100 millones.
Las empresa oferentes y sus propuestas son: Instalaciones y Servicios CODEPA S.A. (118 millones 900 mil dólares), Sacyr S.A. (126 millones 447 mil dólares), MCM Global (124 millones 999 mil dólares), Assignia-Cocige (126 millones 495 mil dólares), Elecnor S.A.-Cleop S.A.
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