El sector empresarial panameño asegura que los esfuerzos y resultados que se han logrado en tan poco tiempo no han sido reconocidos por la GAFI, que decidió volver a incluir al país en su lista gris.
Aunque a inicios de año en el país se encaminaron esfuerzos por mejorar los controles en relación a la evasión fiscal, como fue el caso de la aprobación por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil, no fue suficiente para que el país regresara a la lista gris de la GAFI.
El sector empresarial reconoce la necesidad de implementar las normas exigidas para salir de la lista gris, pero reclama flexibilidad para que los negocios no se vean perjudicados.
Sin dudar de la necesidad que tiene el país de implementar y cumplir la normativa de transparencia, empresas del sector financiero insisten a las autoridades que requieren de mayor flexibilidad para minimizar el impacto que los cambios tienen en sus negocios.
En Panamá se adelantó al 31 de diciembre de 2015 la fecha límite para que las empresas con acciones emitidas al portador las cambien por acciones nominativas o las entreguen en custodia.
Al cambio en el período de transición se le suma la nueva fecha para la entrada en vigencia de la ley 47 de 2013, que inicialmente estaba prevista para dos años después de su promulgación, pero que ahora comenzará a regir diez días después de que sea publicada.
"Es imperativo que los bancos tengan los controles necesarios que les permitan detectar oportunamente las actividades sospechosas de lavado de capitales".
El nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) propondrá la creación e implementación de un Código de Conducta para las entidades agremiadas, como tienen otras asociaciones bancarias de la región.
El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.
Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises".