Luego de que en Costa Rica la UCCAEP comenzara a negociar el levantamiento de los bloqueos con el grupo autodenominado Rescate Nacional, promotor de las protestas, varias cámaras empresariales se distanciaron de esa decisión y otras han manifestado su apoyo.
Ante el caos que se vive en Costa Rica a causa de las manifestaciones y bloqueos, una parte del sector empresarial decidió, de forma unilateral, sentarse a negociar con representantes del movimiento que incita a protestar, y rechazar la convocatoria oficial planteada por el Presidente de la República.
El gobierno extendió hasta el 14 de Junio a las 11 pm el toque de queda que limita la circulación solamente a farmacias, supermercados, gasolineras y otro tipo de negocios incluidos en la fase 1 del plan de reapertura.
Pese a que la nueva fase del plan de reactivación comienza hoy lunes 8 de Junio, con el objetivo de minimizar los contagios, las autoridades decidieron extender por una semana más el toque de queda.
El gobierno costarricense firmo una alianza público privada con Horizonte Positivo para establecer una nueva metodología para eliminar y reducir trámites innecesarios en 25 instituciones pública, en un plazo de 24 meses.
La Etapa de Preparación y Diagnóstico, en la cual se realizarán los arreglos institucionales y el ajuste de las herramientas de análisis a utilizar en cada entidad seleccionada, durará cuatro meses, informó la Presidencia de Costa Rica.
Después que el sector privado renunciara a la mesa dedicada a supervisar el manejo los fondos de la emergencia del covid19 en El Salvador, el presidente Bukele desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP.
El 11 de mayo la Cámara de Comercio, Asociación Nacional de la Empresas Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), decidieron abandonar la mesa por medio de la cual se fiscalizaba el uso de los recursos asignados para el manejo de la crisis sanitaria que deriva del brote de covid19.
Con el objetivo de recuperar la actividad económica que en El Salvador se ha vista afectada por la crisis sanitaria, el gobierno ejecutará un plan en los próximos meses, el cual es respaldado por el sector privado.
El brote de covid19 en el país obligó a las autoridades locales a decretar cuarentenas domiciliares y a obligar a la mayoría de establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones físicas de forma temporal, con el objetivo de contener el avance del virus. Estas medidas han ocasionado daños considerables a la actividad económica.
Autoridades sanitarias locales aseguran que para que las empresas del país puedan reabrir luego de la cuarentena decretada, deberán certificarse, ya que se exigirá el cumplimiento de protocolos más estrictos.
Funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) precisaron que, ante la posibilidad de reactivar las operaciones de las compañías en las siguientes semanas, una vez se comiencen a flexibilizar las restricciones impuestas por el brote de covid19 en el país, los negocios deberán contar con equipos especiales para hacer cumplir las normativas en materia de bioseguirdad.
La Comisión Especial de infraestructura de la Asamblea de Costa Rica avaló el proyecto de ley que pretende regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas.
La iniciativa, que aún debe superar el debate en el Pleno Legislativo, establecelos procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
Elevar la calidad de la educación, eliminar el exceso de trámites y generar oportunidades, y no amenazas, para que la gente formalice sus actividades económicas, son las principales peticiones del sector empresarial costarricense de cara al 2020.
Generar más empleo y fortalecer al sector empresarial mientras se concretan las acciones del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, son algunos de los proyectos delineados para el primer cuatrimestre del año, según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Después que el Congreso de Guatemala votara en contra del proyecto de ley que otorgaba la concesión para rehabilitar y operar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la empresa ganadora de la licitación pide regresar el proceso a tercera lectura, pero algunos diputados se niegan.
Para el sector empresarial guatemalteco, la decisión del Congreso de votar en contra del proyecto de ley que otorgaba la concesión para rehabilitar y operar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, "manda un mensaje negativo a los potenciales inversionistas".
Surgen las primeras posturas luego de conocerse que el Congreso de la República sepultó el proyecto vial para rehabilitar y administrar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, el cual sería otorgado en concesión al Consorcio Autopistas de Guatemala, bajo el formato de Alianza Público Privada.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate las propuestas de cambios a la Carta Magna, que incluyen los títulos del V al VII referente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Según los diputados, la propuesta que fue aprobada el 23 de octubre responde a lo valorado en la mesa de Concertación Nacional que conformaron más de 20 grupos, informó la Asamblea.
Los empresarios en Panamá son optimistas respecto a la propuesta de reformar la Constitución, que es resultado del consenso de distintos sectores, pero, les preocupa que se realicen cambios inoportunos, innecesarios o ajenos a los propósitos de ampliar y modernizar la institucionalidad.
En la Asamblea se discuten cambios a la Constitución del país, los cuales se refieren principalmente a temas relacionados con el Estado panameño, nacionalidad y extranjería, derechos fundamentales y sociales, y los derechos políticos, entre otros más.
Luego de superar los tres debates en la Asamblea Nacional, el presidente Cortizo sancionó la ley que crea el régimen de Asociación Pública-Privada en Panamá.
Según el texto de la Ley que llegó a manos del Ejecutivo, las empresas que estén morosas en el pago de las multas por incumplimiento de contratos, tendrán limitaciones para participar en estos modelo de concesión pública.
Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, propondrá a las autoridades del país norteamericano que se desarrolle una zona económica especial que abarque ambos lados de la frontera.
El presidente electo de Guatemala no pierde el tiempo, pues a cuatro meses de su toma de posesión, ya realiza propuestas en materia de inversión a países vecinos.
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