Con la creación de cuatro nuevas empresas estatales, el presidente Ortega pretende controlar la exploración y explotación de petróleo en Nicaragua, además de la importación, almacenaje, distribución y comercialización de gas y combustibles.
Con la aprobación de las iniciativas de ley, el gobierno busca traspasar el control que en este mercado ejercía Alba de Nicaragua S.A.
Un fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, son financiados vía precios que pagan los consumidores, aun los más pobres.
OPINION
Jorge Cobas González
Director fundador de CentralAmericaData.COM
La nueva entidad, adscrita al Gabinete de Desarrollo Económico, tendrá a cargo el desarrollo y supervisión de la estrategia del mercado eléctrico.
La entidad tendrá a cargo la formulación, planificación y ejecución de las estrategias y políticas del sector de electricidad, así como la integración con el mercado eléctrico regional.
Alba Petróleos de El Salvador, hija de PDVSA, está dejando de importar desde Venezuela el combustible que vende en el país, para hacerlo desde Estados Unidos.
EDITORIAL
El apartamiento de las reglas del mercado en aras de conseguir objetivos políticos, siempre tiene inevitable fecha de terminación. Es lo que ocurre con la pretendida exportación de la llamada revolución bolivariana, a través del aporte de Venezuela de petróleo y sus derivados a economías con gobiernos aparentemente afines. Si bien es cierto que el actual gobierno de Maduro mantiene la lealtad en términos diplomáticos de algunos gobiernos latinoamericanos y caribeños, lo que ha impedido su condena por los organismos internacionales, en lo económico las relaciones con esos aliados se van enfriando sin remedio.
La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico de 40 MW Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
La resolución de la Corte se fundamenta en un amparo que presentaron miembros de las comunidades del área cercana a la laguna de Lachúa, quienes argumentan que el Ministerio de Ambiente otorgó el permiso para desarrollar el proyecto "de forma anómala".
La Corte de Constitucionalidad autorizó la continuación de las operaciones de Oxec I y II por un plazo de 12 meses, mientras se realiza la consulta a los pueblos indígenas de la zona.
De forma unánime la Corte Constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio de Energía y Minas y representantes de Oxec I y II, y resolvió autorizar la reanudación de las operaciones solo por 12 meses prorrogables.
El estancamiento del proyecto de una refinería podría ser la causa de la pérdida de interés de China en Costa Rica, que tiene detenidos el desembolso de $24 millones "regalados", la compra de $1.000 millones en bonos costarricenses, el desarrollo de un polo industrial, y la ampliación de una carretera.
EDITORIAL
El viraje diplomático de Costa Rica que privilegió a la China continental sobre Taiwán -en contraposición a todos sus vecinos centroamericanos- prometía una inyección de inversiones y desarrollo chinos en el país, en infraestructura pública, en energía, y en centros de manufactura.
La petrolera estatal de Costa Rica arrojó pérdidas por más de $24 millones durante los primeros 9 meses del 2015, pese a que sus precios son los más altos de la región.
La Refinadora Costarricense de Petróleo perdió en los primeros nueve meses del 2015 más de $24 millones. La estatal, con más de medio siglo de tener el monopolio en refinación y venta de combustibles en Costa Rica, tiene costos de planilla que representan el 56% del gasto total.
La falta de coordinación a alto nivel estratégico en los negocios de la estatal eléctrica provoca una demanda millonaria cuyos costos pagarán todos los costarricenses.
El artículo en Nacion.com reseña que en marzo de 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que un préstamo millonario para la construcción de un gran hidroeléctrica sobre el río Reventazón, estaba condicionado a que no se utilizaran las aguas del río Parismina, en la misma cuenca que el anterior, para otras plantas hidroeléctricas. Tres meses más tarde, el 4 de junio, el ICE se comprometió a comprar energía a la empresa Desarrollo Hidroeléctrico de Parismina S.A. (DHPSA), electricidad que sería generada por una planta hidroeléctrica de 20 MW a construir sobre el río homónimo. Y apenas cuatro días después, el 11 de junio, la eléctrica estatal formalizó ante el BID su compromiso de no permitir hidroeléctricas sobre el río Parismina.
En Costa Rica un proyecto hidroeléctrico de 650 MW en el que ya se han invertido $129 millones, tiene 20 años sin avances, a la espera de un "diálogo intercultural" que ni siquiera ha comenzado.
EDITORIAL
El problema no es que se construya sin diálogo previo infraestructura en territorios indígenas. No es tampoco que el diálogo sea infructuoso. Ni siquiera hay planteado un conflicto.
Generadora del Istmo rechaza el matiz político que se dio al caso y la sanción que le impuso el gobierno luego de haber levantado la suspensión del proyecto.
Del comunicado de Genisa:
Luego que el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) mantuvo por ocho (8) meses paralizada las obras de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, resuelven levantar dicha suspensión, pero imponiéndole a Generadora del Istmo, S.A.
Una empresa estatal con altísima incidencia en las condiciones que determinan el desarrollo económico del país, pactó la injerencia del sindicato de sus trabajadores en la gestión institucional en telecomunicaciones y electricidad.
EDITORIAL
¿Cómo es posible conciliar los intereses distintos y muchas veces contrapuestos de la gestión de una empresa estatal monopólica y del sindicato, sin afectar los intereses superiores de los ciudadanos costarricenses?
Pese al acuerdo firmado en diciembre pasado, las autoridades de la CEL dicen que se reservan el derecho de activar la parte civil o proceso para cobro de indemnización por supuestos daños y perjuicios.
Tras diez años de litigio internacionalcon la empresa italiana ENEL por el control de geotérmica Enel Green Power El Salvador, en el que el Estado salvadoreño tenía todas las de perder, en diciembre de 2014 se firmó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un acuerdo que en su artículo 3 establece lo siguiente: "Las partes (el Estado salvadoreño y Enel) han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power (EGP) y Enel Green Power El Salvador en los procesos penales números 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 en el Juzgado Séptimo de Instrucción, ambos de San Salvador, que se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputados en los mismos...".
Señalan al gobierno que el manejo que hace del conflicto atenta contra principios constitucionales y le exigen que imponga su autoridad para poner fin a los bloqueos al proyecto hidroeléctrico.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá:
CONFLICTO EN BARRO BLANCO ATENTA CONTRA PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
La intransigencia que mantienen unos grupos en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, ha degenerado en enfrentamientos lamentables y demandas irrespetuosas hacia la máxima autoridad.
Ciudad de Panamá, se vende estación de gasolina, de marca multinacional, la estación tiene más de 20 años operando, se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá. Estación de gasolina operando, en Ciudad de Panamá,...
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