En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
A 12 años de haberse instalado en Guatemala y luego de múltiples pugnas por la no renovación de su mandato, a partir de hoy la Comisión Internacional contra la Impunidad deja de funcionar.
En Agosto de 2007 el Congreso de la República aprobaba la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual llegó al país con la misión de investigar a las estructuras criminales que operan a lo interno de las instituciones gubernamentales, trabajo que hizo en asociación con el Ministerio Público.
Luego de que el presidente salvadoreño anunciara la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, el sector empresarial pidió "evaluar las experiencias de Guatemala y Honduras".
Luego de que Bukele informara que antes de sus 100 días de gobierno presentará una propuesta para instalar una comisión internacional en el país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que es indispensable cumplir la ley y que debe existir una real voluntad política de combate a la corrupción.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
Para Moody’s la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad debilita los esfuerzos por mejorar el Estado de Derecho en un país con altos niveles de corrupción.
La decisión del presidente Morales de poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituye para Moody's un revés para el país, debido a que la corrupción sigue siendo generalizada y la institucionalidad aún es frágil.
Después que el presidente Morales decidiera poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del gobierno guatemalteco.
El pasado 7 de enero el gobierno guatemalteco dio por finalizado el convenio entre el país centroamericano y Naciones Unidas, y estableció un plazo de 24 horas para que la Comisión dejara de funcionar.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
A más de diez años del inicio de funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la administración Morales anunciaba en 2018 que no renovaría ante Naciones Unidas el acuerdo que da vida a la institución foránea dedicada a la investigación criminal.
Argumentando que es hora de "fortalecer las instituciones del Estado", el presidente Morales anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, cuyo periodo vence dentro de un año.
La polémica decisión del gobierno guatemalteco, que fue anunciada durante el fin de semana, se fundamenta, según Morales, en que después de diez años de trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), llegó el momento de transferir sus capacidades al Estado.
Luego de la polémica generada por las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, el sector empresarial panameño exige que se realice una investigación profunda, ya que aseguran que se avanza "peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad".
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Empresarios perciben que la corrupción en la administración pública es el principal problema del Estado, y afirman que un alto porcentaje de compañías han estado expuesta a sobornos.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, realizó la "I Encuesta de Percepción Empresarial 2018", y entre los principales resultados que se obtuvieron destaca que "...
En 2017 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Guatemala y Nicaragua, donde se mantuvo igual que en 2016, y en Costa Rica, donde disminuyó levemente.
El sector público percibido como más corrupto sigue siendo el de Nicaragua (nivel de transparencia 26 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (29), El Salvador (33), Panamá (37), y Costa Rica (59).
La gremial de empresarios panameños señala que se han generado muchas dudas sobre el manejo que se viene dando a investigaciones y procesos judiciales de alto perfil como el de Odebrecht.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
La semana pasada nuestra nación fue conmocionada nuevamente por otro fallo del Órgano Judicial y declaraciones de la Procuradora General de la Nación relacionadas al caso Odebrecht, que una vez más crean muchas dudas sobre manejo que se viene dando a investigaciones y procesos de alto perfil. Esto acentúa la falta de credibilidad en nuestros administradores de justicia. En ese sentido, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) quiere dejar clara su posición: “NO A LA IMPUNIDAD. NO LA VAMOS A TOLERAR”.
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
Un estudio de ICEFI concluye que la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras abarca "prácticamente todos los sectores" y solo en Guatemala, las pérdidas que genera se estiman en $550 millones anuales.
El libro "La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano", "... estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA ―El Salvador, Guatemala y Honduras― tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial."
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