Al incorporar los análisis de movilidad a la planificación urbana, es posible desarrollar infraestructuras adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, mejorando así las condiciones de vida en la ciudad. Además, los datos de localización ayudan a optimizar costos y a priorizar los proyectos de la administración gubernamental.
¿Qué proporcionan los análisis de movilidad a la planificación urbana?
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
La inteligencia de localización y la caracterización de zonas por medio de Big Data se están utilizando cada vez más para tomar decisiones de negocio en los sectores retail, inmobiliario, logístico y portuario, entre otros.
Los negocios pueden aprovechar los datos de puntos de interés (POI) para identificar patrones y tendencias de la población y los consumidores, tomando decisiones más inteligentes basadas en datos.
El Banco de Fomento Agropecuario requiere la construcción de un edificio para que funcione como archivo anexo de la institución.
Compra del Gobierno de El Salvador LP-05/2021:
"La construcción del edificio del BFA será una estructura con paredes de bloque de cemento, fundaciones de concreto armado, estructura de techo de lámina de aluminio, zinc y red eléctrica.
Cualquier modelo de datos en Big Data debe ser diseñado y desarrollado para cumplir con las necesidades del negocio, y para ello, hay que conocer los objetivos y metas de la organización, para que efectivamente tenga las funcionalidades necesarias que faciliten el proceso de toma de decisiones en la empresa.
¿Qué es un modelo de datos aplicado a los negocios?
Luego que en Nicaragua se girara una orden de captura en contra de Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial independiente, el sector empresarial opina que se "evidencia la falta de voluntad del gobierno de realizar elecciones libres, justas, transparentes, competitivas y observadas".
A raíz de una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura.
Luego que Nuevas Ideas, partido que es liderado por el presidente Nayib Bukele, lograra una victoria contundente que le permitiría tener mayoría calificada en la Asamblea, el país se enfrentará a un escenario en el que este grupo político tendría el poder suficiente para tomar decisiones trascendentales.
La ágil ejecución de programas de estímulo económico, el alza considerable de la deuda pública y la necesidad de acelerar el proceso de reactivación económica, son las luces, sombras y retos que se identifican a un año de la toma de posesión de Alejandro Giammattei como presidente de Guatemala.
Luego de que en Costa Rica la UCCAEP comenzara a negociar el levantamiento de los bloqueos con el grupo autodenominado Rescate Nacional, promotor de las protestas, varias cámaras empresariales se distanciaron de esa decisión y otras han manifestado su apoyo.
Ante el caos que se vive en Costa Rica a causa de las manifestaciones y bloqueos, una parte del sector empresarial decidió, de forma unilateral, sentarse a negociar con representantes del movimiento que incita a protestar, y rechazar la convocatoria oficial planteada por el Presidente de la República.
A más de dos años de haberse presentado en Guatemala una iniciativa para crear una entidad autónoma conformada por gobierno e inversionistas privados, que estaría encargada de planificar y ejecutar obras viales, la propuesta aún no recibe el aval por parte del Legislativo y la red vial continúa en mal estado.
Durante el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2017 surgió la propuesta de crear la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), institución que sería una entidad autónoma con la función de planificar, licitar y contratar obras de infraestructura.
En plena pandemia y crisis económica, el presidente de Costa Rica anunció, en cadena nacional, un plan de reactivación económica sin rumbo claro, sin responsables asignados y sin acciones concretas.
En el mensaje emitido la noche del 12 de julio, el presidente Carlos Alvarado explicó, de forma vaga, parte del plan que se pretende adoptar para salir de la crisis sanitaria y económica que se ha generado a raíz de la propagación del covid19.
El gobierno costarricense firmo una alianza público privada con Horizonte Positivo para establecer una nueva metodología para eliminar y reducir trámites innecesarios en 25 instituciones pública, en un plazo de 24 meses.
La Etapa de Preparación y Diagnóstico, en la cual se realizarán los arreglos institucionales y el ajuste de las herramientas de análisis a utilizar en cada entidad seleccionada, durará cuatro meses, informó la Presidencia de Costa Rica.
Después que el sector privado renunciara a la mesa dedicada a supervisar el manejo los fondos de la emergencia del covid19 en El Salvador, el presidente Bukele desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP.
El 11 de mayo la Cámara de Comercio, Asociación Nacional de la Empresas Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), decidieron abandonar la mesa por medio de la cual se fiscalizaba el uso de los recursos asignados para el manejo de la crisis sanitaria que deriva del brote de covid19.
Con el objetivo de reorientar los recursos públicos por el brote del covid19, el gobierno decidió que se suspenderán los proyectos de inversión que no hayan comenzado a ejecutarse y los que se encuentren en una etapa avanzada.
Una carta firmada por el ministro de Hacienda Nelson Fuentes y enviada a los titulares de las instituciones del Estado, explica que se suspenden los programas y proyectos contenidos en la Ley de Presupuesto y Programa Anual de Inversión Pública (PAIP).
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