La Comisión Especial de infraestructura de la Asamblea de Costa Rica avaló el proyecto de ley que pretende regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas.
La iniciativa, que aún debe superar el debate en el Pleno Legislativo, establecelos procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
Para asegurar el financiamiento de sus funciones a futuro, el gobierno costarricense buscará que el Banco Mundial, el BID, el BCIE y la CAF le concedan préstamos durante 2020, y además planea insistir con la aprobación de $4.500 millones en eurobonos.
Para el año que recién empieza, el gobierno de Costa Rica prevé continuar con la negociación de préstamos para apoyo presupuestario con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Luego de ser aprobada en segundo debate legislativo la ley que autoriza a los patronos a suspender, desde el primer día de manifiestación, el pago de salario a los funcionarios públicos que se alcen en huelga, el expediente pasará a manos del Presidente, Carlos Alvarado.
El Plenario Legislativo aprobó con 35 diputados a favor y 13 en contra en su trámite de segundo y último debate el proyecto de ley 21.049 que regulará las huelgas estableciendo nuevas reglas para que los trabajadores puedan ejercer ese derecho, informó la Asamblea Legislativa.
Después de atender las observaciones realizadas por la Sala IV, los diputados aprobaron en primer debate la ley que autoriza a los patronos a suspender, desde el primer día de manifiestación, el pago de salario a los funcionarios públicos que se alcen en huelga.
Elevar la calidad de la educación, eliminar el exceso de trámites y generar oportunidades, y no amenazas, para que la gente formalice sus actividades económicas, son las principales peticiones del sector empresarial costarricense de cara al 2020.
Generar más empleo y fortalecer al sector empresarial mientras se concretan las acciones del Poder Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, son algunos de los proyectos delineados para el primer cuatrimestre del año, según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
Para el ajuste en el salario mínimo que en está previsto para Enero de 2020 en Costa Rica, sector empresarial propone un incremento general de 2,53%.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en representación del sector empresarial privado formal, presentó la propuesta de ajuste salarial ante el Consejo Nacional de Salarios.
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que autoriza a los patronos a suspender, desde el primer día de manifiestación, el pago de salario a los trabajadores del sector público que se alcen en huelga.
La Asamblea Legislativa votó en trámite de primer debate el expediente 21049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que pretende eliminar los privilegios exagerados con que cuentan los empleados de entidades del Estado a la hora de decretar y ejecutar una una huelga en el sector público, informó la Asamblea Legislativa el martes 3 de septiembre.
La administración Alvarado presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto público para 2020, que será 4,3% inferior al de 2019, representando así el mayor recorte de gasto de los últimos años.
Una disminución en el gasto corriente, así como un decrecimiento en las plazas de las instituciones del sector público y en los salarios, permitieron que el presupuesto del gobierno central para el 2020 sea más bajo que el de este año, informó la Asamblea.
El poder que tienen los sindicatos de empleados públicos en el país quedó de manifiesto con el acuerdo que autoridades de la Caja del Seguro Social aceptaron firmar para que los empleados de la entidad puedan seguir gozando de privilegios en perjuicio de los demás.
EDITORIAL
Argumentando que "judicializar" la huelga era la única y mejor salida que se podía lograr en el corto plazo, las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cedieron a las presiones de los sindicalistas, quienes con el afán de mantener el trato diferenciado del que han gozado por muchos años, suspendieron el acceso a servicios básicos de salud, llegando incluso a realizar acciones tan despreciables como cerrar un banco de sangre y paralizar equipos para tratamiento de cáncer.
La Asamblea Legislativa aprobó una moratoria de tres meses improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o cualquier otra disposición sancionatoria, relacionadas con el cobro del impuesto al valor agregado, que entró en vigencia el pasado 1 de julio.
Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas territoriales, explica un comunicado de la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la emisión de $1.500 millones en títulos de deuda en el mercado internacional, lo que a criterio de las calificadoras, ayuda a reducir la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para hacer frente al financiamiento de sus necesidades.
El plan inicial del Ministerio de Hacienda era colocar $6.000 millones en un plazo de seis años, sin embargo, la Comisión a cargo del expediente modificó el texto para que el límite sea de $1.500 millones.
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