Aprovechar los datos actuales e históricos de los movimientos de localización permite comprender los retos actuales y construir ciudades inteligentes, flexibles y eficientes.
A medida que más ciudades comienzan a implementar la planificación de ciudades inteligentes con base en ciencia de datos, los conocimientos de big data ayudan a formar las políticas que beneficiarán a los barrios y a las personas que viven en ellos.
Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Al incorporar los análisis de movilidad a la planificación urbana, es posible desarrollar infraestructuras adaptadas a las necesidades de los ciudadanos, mejorando así las condiciones de vida en la ciudad. Además, los datos de localización ayudan a optimizar costos y a priorizar los proyectos de la administración gubernamental.
¿Qué proporcionan los análisis de movilidad a la planificación urbana?
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
La inteligencia de localización y la caracterización de zonas por medio de Big Data se están utilizando cada vez más para tomar decisiones de negocio en los sectores retail, inmobiliario, logístico y portuario, entre otros.
Los negocios pueden aprovechar los datos de puntos de interés (POI) para identificar patrones y tendencias de la población y los consumidores, tomando decisiones más inteligentes basadas en datos.
Cualquier modelo de datos en Big Data debe ser diseñado y desarrollado para cumplir con las necesidades del negocio, y para ello, hay que conocer los objetivos y metas de la organización, para que efectivamente tenga las funcionalidades necesarias que faciliten el proceso de toma de decisiones en la empresa.
¿Qué es un modelo de datos aplicado a los negocios?
En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
A las denuncias realizadas en los últimos meses por empresarios de Guatemala y Nicaragua, se le añade la de una gremial hondureña, que denuncia la invasión de 3.400 manzanas de tierras productivas.
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
Debido a que el área de tierra usurpada en Guatemala ha crecido desde alrededor de 10 mil hectáreas en la década de los noventa, hasta 164 mil en 2018, las pérdidas en la producción agrícola ocasionadas por este fenómeno ascendieron a cerca de $650 millones el año pasado.
La Cámara del Agro (Camagro) estima que sólo en 2018, las invasiones a la propiedad privada, principalmente a fincas de producción agrícola, generaron un impacto negativo equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto.
Guatemala, El Salvador y Costa Rica son los países de la región con las mejores condiciones para desarrollar Alianzas Público-Privadas, seguidos de Honduras, Nicaragua y Panamá.
El índice Infrascopio 2019, que evalúa 23 indicadores y 78 subindicadores tanto cualitativos como cuantitativos en materia de Alianzas Público-Privadas (APP) en América Latina, es elaborado por The Economist Intelligence Unit y cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Guatemala y El Salvador son las economías centroamericanas que han registrado los menores niveles de crecimiento económico, cuando este es asociado con el tamaño de su sector público.
Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, son los países que estarían obteniendo resultados excepcionales en su crecimiento económico a partir del gasto promedio de la región durante el período de 2011 a 2018, lo cual podría estar asociado con la inversión realizada en los períodos pasados, informó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
A más de diez años del inicio de funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la administración Morales anunciaba en 2018 que no renovaría ante Naciones Unidas el acuerdo que da vida a la institución foránea dedicada a la investigación criminal.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
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