Imprescindible tener capacidades como Mago, preferiblemente titulado como Ingeniero o Abogado, con vocación de punching bag.
EDITORIAL
Han pasado ya dos semanas desde la renuncia a su cargo del Ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, y el presidente Solís aún no anuncia quién ocupará el cargo. Y no hay dudas de que le será muy difícil encontrar un candidato no solamente idóneo para el puesto sino también dispuesto a aceptar una misión con características de imposible.
Jimmy Morales, nuevo presidente de Guatemala, debe recibir el apoyo del empresariado nacional, que debe procesar a su propio interior cambios imprescindibles que inauguren una nueva y más saludable forma de hacer negocios.
EDITORIAL
Pese a que Jimmy Morales ganó la presidencia con un inmenso e inédito apoyo del 70% del electorado, la escuálida representación de su Partido FCN Nación en el Legislativo, no le da el poder necesario para hacer todo lo que se propone: 11 de 158 diputados, tan solo el 7% de los curules.
La mejor forma de contribuir al mantenimiento del mejor clima de negocios es la militancia activa en defensa de la institucionalidad democrática.
Todos los ciudadanos son apoderados constitucionales del poder público, y los empresarios como tales deben ser la primer línea de defensa de la institucionalidad democrática.
EDITORIAL
En Panamá se suceden las noticias sobre "penosas situaciones" en la cima de los poderes estatales, situación que lamentablemente se repite con frecuencia en los países de nuestra región, debilitando la institucionalidad cuya esencia es asegurar la convivencia democrática que da seguridad en el camino al desarrollo social y económico.
En Costa Rica un proyecto hidroeléctrico de 650 MW en el que ya se han invertido $129 millones, tiene 20 años sin avances, a la espera de un "diálogo intercultural" que ni siquiera ha comenzado.
EDITORIAL
El problema no es que se construya sin diálogo previo infraestructura en territorios indígenas. No es tampoco que el diálogo sea infructuoso. Ni siquiera hay planteado un conflicto.
La caída de Centroamérica en manos del narcotráfico da la razón al genio: "Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes".
EDITORIAL
Pese a que los gobernantes lo niegan, los países centroamericanos están perdiendo la guerra contra los traficantes de drogas. En unas más rápido que en otras, en todas las naciones del istmo va creciendo la violencia asociada al narcotráfico, y se hace cada vez más notoria la infiltración del poder mafioso en instituciones públicas y organizaciones privadas, a través del soborno, y también a través del terror.
Proponen crear un impuesto especial y temporal a patrimonios que superen un monto determinado para financiar la operación del Ministerio Público contra la impunidad y actos de corrupción en el Estado.
Iván Velásquez, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), considera que es necesario pasar "...del discurso anticorrupción a la acción", por lo que propone, junto al Ministerio Público, crear un nuevo impuesto que fortalezca el presupuesto de la institución en su lucha contra la impunidad y la corrupción.
El inaudito aumento de la violencia en Costa Rica, otrora un oasis de paz en la región, es otra señal del fracaso de la lucha antidrogas tradicional.
EDITORIAL
Más poderoso que los Estados centroamericanos, el narcotráfico avanza no solo aumentando la oferta de estupefacientes en los países de la región, sino permeando las instituciones con el poder de su dinero y generando una creciente cultura de violencia que hace irrisorio proclamar que en Centroamérica no existe la pena de muerte. Sí existe, y lo peor es que no es la Justicia institucionalizada la que la decreta, sino los capos mafiosos, que señalan -a verdugos cada vez más jóvenes- quienes deben ser ejecutados.
Una red integrada por empresarios y funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, acordaba precios de compra de medicinas y la lista de empresas que podían participar en las contrataciones.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, explicó en conferencia de prensa que la red desarticulada estaba compuesta por "...
Jimmy Morales, el candidato del Frente de Convergencia Nacional, ganó el ballotage presidencial superando a su oponente Sandra Torres por más de un millón de votos.
Con porcentaje de votos cercano al 70%, el próximo presidente de Guatemala será quién como candidato representó las esperanzas de un pueblo que ha demostrado estar harto de los políticos tradicionales y de la corrupción generalizada en el Estado.
En Guatemala ya sufren los "Pactos de Trabajo", cepa del mismo virus "Convenciones colectivas" que en Costa Rica enferma al Estado, distorsiona el mercado de trabajo y genera inequidad.
EDITORIAL
El artículo editorial Lesividad de pactos de trabajo en el sector público, publicado hoy en Elperiodico.com.gt, podría haberse escrito hace algunos años para Costa Rica. Guatemala aún parece tener oportunidad de reaccionar ante la enfermedad, con la medicación adecuada. En Costa Rica, en cambio, la enfermedad está tan extendida que la cirugía mayor que hoy necesita no parece viable, y lo único que queda es esperar la inevitable crisis final.
La crisis política no parece haber afectado la economía, donde el riesgo a señalar es el desequilibrio en las cuentas del Estado, que alcanza al 25% del PIB.
El informe de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala (ASIES), concluye que a "... pesar de la crisis que vive el sector público a raíz de casos de corrupción que desembocaron en la detención de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y en la dimisión del ahora ex presidente Otto Pérez Molina para enfrentar la justicia, el crecimiento económico de Guatemala no se vería afectado en parte por el comportamiento de las remesas, la sostenibilidad en el tiempo de la rnacroeconomía, entre otros aspectos."
Del 16 al 18 de noviembre empresarios y representantes de gobierno de América Latina se reunirán en el marco del IX Foro de Competitividad de las Américas.
Del comunicado de la Cámara de Industrias de Guatemala:
Guatemala, 22 de septiembre de 2015.- Los sectores público y privado de la región Latinoamericana se unirán en Guatemala del 16 al 18 de noviembre en el IX Foro de Competitividad de las Américas, el espacio de intercambio empresarial más importante en el que se espera participen más de 1000 asistentes.
Ineptocracia: Sistema de gobierno donde los menos capaces para gobernar son elegidos por los menos capaces de producir y donde los menos capaces de mantenerse a sí mismos o tener éxito, son recompensados con bienes y servicios pagados por los pocos que sí producen y que cada vez son menos.
EDITORIAL
A medida que la noción de "derechos adquiridos" se extiende en su actual deformación que implica "no importa que se caiga el mundo el gobierno debe pagarme mi sueldo al final de cada mes", se acelera la conversión en ineptocracias de las democracias, en especial de las latinoamericanas, y muy especialmente en aquellas como Chile, Costa Rica y Uruguay, donde en algún tiempo pretérito una combinación de líderes preclaros y mayorías de ciudadanos laboriosos gestaron sociedades prósperas no solo en términos económicos sino también en civilidad y de armonía en la convivencia.
Para el sector privado no es coherente aprobar un presupuesto que contenga vicios del pasado que incentivan la sustracción de recursos públicos, las plazas inexistentes, el gasto ineficiente y la corrupción.
Del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
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