Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
Para Moody’s, Fitch y S&P, las últimas proyecciones de deuda pública y déficit fiscal del Banco Central de Costa Rica, empeoran aún más las perspectivas de la calificación de la deuda.
La semana pasada el Banco Central de Costa Rica (BCCR) difundió un informe en el que explicaba que para este año se espera que la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) llegue a 53,8%, y para el 2019 este indicador alcance el 58,4%.
Encarecimiento del crédito externo, deterioro de la imagen del país y tasas de interés más altas a nivel local son solo algunas de las consecuencias que podría traer el impago de los $55 millones a los fondos de pensión.
La decisión que tomó la administración Sánchez Cerén de no pagar los intereses de los fondos de pensiones argumentando falta de apoyo de parte del partido político de oposición, generó no solamente una degradación en la calificación de deuda por parte de agencias como Fitch Ratings y Standard & Poor´s, sino que llevó al sector empresarial a elevar la voz sobre la gravedad de la situación y advertir sobre las consecuencias que tendría en la actividad económica.
Fitch, Moody's y Standard & Poor's vuelven a advertir sobre la necesidad de generar más ingresos y recortar el gasto público para evitar "consecuencias negativas en la calificación".
En promedio las agencias dan un plazo de 12 a 18 meses para que el déficit fiscal y el endeudamiento público se estabilicen, y a la vez aclaran que "... la presentación de las reformas fiscales no es suficiente para garantizar una buena perspectiva del país." Las calificaciones otorgadas por las agencias son una guía sobre todo para los que realizan inversiones extranjeras directas.
Fitch Ratings no descarta reducir la nota de la deuda soberana si no se fortalece el crecimiento económico.
El reporte “Perspectivas 2014: Soberanos de América Latina”, elaborado por la calificadora Fitch Ratings recuerda que El Salvador es una de las naciones de la región que tiene una perspectiva negativa en su calificación de riesgo, la que en julio de este año bajó a “BB-”.
Si se mantiene el desequilibrio económico que actualmente afecta las finanzas salvadoreñas, Fitch Ratings bajaría nuevamente su calificación de riesgo que se ubica ahora en “BB-”.
Elmundo.com.sv publica: “Ni el escenario más positivo trazado por la calificadora de riesgos Fitch Ratings arroja un resultado alentador para la trayectoria de la deuda pública salvadoreña, que hasta julio, incluyendo pensiones, alcanzó el 53.9% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
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