En el marco del ajuste fiscal que se discute en El Salvador para firmar un acuerdo con el FMI, las autoridades locales pretenden aplicar los cobros del IVA, ISR y otros impuestos específicos a las empresas que vendan sus productos y servicios en línea.
El BCIE suscribió con otros organismo centroamericanos, un memorando de entendimiento que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del mercado regional de deuda pública.
Por medio de un comunicado oficial se informó que el acuerdo fue suscrito por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMA) y la Asociación de Bolsas de Comercio de Centroamérica (BOLCEN).
El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una línea de crédito, cuyos fondos serán utilizados por las autoridades salvadoreñas para financiar planes de recuperación económica en el contexto de la crisis que generó la pandemia de Covid19.
El "Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo Afectados por la Covid19", será el plan que se financiará y por medio del cual se pretende beneficiar a más de 21.000 mipymes, de las cuales 14,755 están dirigidas por mujeres, así como la retención de más de 100.000 empleos, informó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Con el objetivo apalancar las brechas presupuestarias de los años 2021, 2022 y 2023, el gobierno salvadoreño comenzó a negociar con el Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por $1.300 millones.
Un comunicado del Ministerio de Hacienda precisa que "... El Salvador está en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento por unos $1,300 millones y ve una 'oportunidad de oro' para revitalizar su economía, luego de la gran victoria del partido gobernante en las elecciones legislativas, dijo un funcionario de alto rango".
En julio de 2020 la deuda pública total del país ascendió a $21.874 millones, monto que es superior en 12% al reportado en igual mes de 2019, alza que se reportó en el contexto de la crisis económica y sanitaria.
Datos del Banco Central de Reserva precisan que entre julio de 2019 y el mismo mes de 2019 la deuda pública total de El Salvador se incrementó en $2.485 millones, al pasar de $19.389 millones a $21.874 millones.
En este contexto regional de crisis económica, caída en los ingresos fiscales y aumento del endeudamiento público, se prevé que en 2021 el nivel de deuda de Costa Rica escalará a 75% como porcentaje de su PIB, y en el caso de El Salvador, el indicador podría superar el 85%.
El brote de covid19 en Centroamérica obligó a los gobierno a declarar severas cuarentenas domiciliares y a restringir varias actividades económicas, restricciones que en algunos casos aún se mantienen, después de cinco meses de crisis sanitaria y económica.
El gobierno salvadoreño colocó el 8 de julio en el mercado internacional bonos por $1.000 millones, a una tasa de interés de 9,5% con fecha de vencimiento en 2052.
Los recursos captados por medio de esta emisión a nivel internacional, es parte de la colocación de deuda por $3.000 millones que tiene autorizado el gobierno y que serán utilizados para financiar la crisis sanitaria y económica que deriva de la propagación del covid19.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para que en este escenario de brote de covid19, se otorgue un aporte monetario a hogares de bajos recursos y se financie el pago de servicios domiciliares.
El programa apoya la introducción de medidas temporales para la protección del ingreso de los hogares vulnerables y para incrementar la liquidez de las firmas durante la crisis sanitaria y económica, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo cuyos fondos serán utilizado por el gobierno para enfrentar el brote de covid19, mediante el financiamiento de programas de salud.
Los fondos destinados serán utilizados para cumplir tres objetivos específicos. El primero de ellos es acelerar la detección oportuna y seguimiento de casos mediante vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos para estudiar la tendencia de la enfermedad, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para que en este contexto de crisis sanitaria, el gobierno lo utilice para promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía y atenúen la caída de ingresos fiscales a corto plazo.
Los efectos por el brote de covid19 en las finanzas públicas, en particular el monto importante de endeudamiento requerido para atender la emergencia, requerirán de medidas decisivas en el mediano plazo para proteger la estabilidad macroeconómica, informó el organismo financiero.
La agencia calificadora explicó que el deterioro de las finanzas públicas generado por la pandemia, es la causa del cambio de estable a negativa, en la perspectiva de calificación de riesgo de la deuda.
La Perspectiva de Calificación Negativa refleja el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica, así como las restricciones financieras derivadas de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, un alcance limitado para financiamiento adicional del mercado local y un acceso incierto al exterior financiación del mercado dados los altos costos de los préstamos. Sin embargo, la financiación multilateral puede ayudar a aliviar las limitaciones de endeudamiento este año, informó Fitch Ratings.
Para hacerle frente a la crisis sanitaria la Asamblea autorizó la emisión de títulos valores por hasta $2 mil millones, los cuales serán colocados en el mercado nacional o internacional.
Según la moción, de los fondos obtenidos, el 70% prioritariamente será utilizado para atender la emergencia sanitaria y se podrá asignar para el fondo de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables, cubrir las deficiencias de ingresos del presupuesto vigente, generadas por el covid19 e incorporar los recursos al Presupuesto General del Estado 2020, informó la Asamblea Legislativa.
La calificadora mantuvo en B3 la nota de deuda del país, pero decidió cambiar de estable a positiva la perspectiva, argumentando que se ha reducido de forma sustancial los riesgos de liquidez del gobierno.
La afirmación de las calificaciones soberanas B3 de El Salvador refleja altos índices de deuda pública y una creciente carga de intereses, precisó la calificadora de riesgo.
Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.
"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.
Aunque la meta para este año era colocar $100 millones en bonos de deuda, durante el primer trimestre el gobierno nicaragüense sólo adjudicó $1,1 millones, poniendo en duda el nivel de confianza de los inversionistas.
De acuerdo al "Informe de Deuda Pública I Trimestre 2019", elaborado por el Banco Central de Nicaragua, de enero a marzo en lo que corresponde a Títulos de Inversión en dólares, se colocó 1,03 millones a una tasa promedio de 5,31% y plazo promedio de 7 meses.
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