Luego que la Asamblea Legislativa ratificara la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el sector empresarial opina que esto ayudará a consolidar las reformas institucionales que se necesitan para hacer más eficiente al Estado.
La Asamblea informó que mediante la aprobación en segundo debate del proyecto 22.187 que contiene el acuerdo sobre los términos de la adhesión, los diputados dieron luz verde al ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
A raíz de la crisis económica que generó la pandemia, se estima que cuatro de cada cinco empresas centroamericanas se vieron obligadas a aumentar sus deudas para lograr sostener sus operaciones.
Según la Encuesta Regional 2021 sobre la reactivación económica elaborada por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco), los recursos obtenidos por medio del endeudamiento, le sirvió a las empresas para pagar planillas, afrontar rentas y sostenimiento de operaciones.
En febrero el índice de confianza de la actividad económica del sector privado reportó una variación de 12% respecto al nivel registrado en enero de 2021.
En febrero de 2021, el nivel del Índice de Confianza de la Actividad Económica se situó en 57,19 puntos, superior en 11,74% con respecto al registrado en enero de 2021 (51,18 puntos) y se redujo en 19,53% respecto al registrado en febrero de 2020 (71,07 puntos), informó el Banco de Guatemala.
En el contexto de la crisis económica que se generó a causa del brote de covid19, nueve de cada diez empresas que operan a nivel local redujeron sus ingresos y una de cada tres realizaron cierres temporales.
Entre mayo y agosto de 2020, en el Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE), se incorporó como parte de la actualización, una sección del COVID-19; con el fin de que las empresas indicaran cuáles fueron los principales efectos de la pandemia. Se confirmó que el 94 % tuvo afectación por el Covid19, en donde el 91% indicó como principal consecuencia la reducción de los ingresos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En El Salvador entre julio de 2019 y el mismo mes de este año, 3.557 empresas dejaron de cotizar ante el Seguro Social a causa de la crisis económica que atraviesa el país por el brote de covid19.
Aunque El Salvador es una de las economías que en Centroamérica se recupera con rapidez, al pasar de una contracción en su actividad productiva de 21% en mayo a una merma de 9,4% en agosto, las secuelas en el aparato productivo del país son severas.
El gobierno salvadoreño anunció que en los próximos días iniciará a entregar el subsidio a las planillas de las empresas afectadas por la crisis económica que derivó del brote de covid19.
El Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas (Firempresa) ya está habilitado, para que las empresas que tienen un máximo de 99 empleados, y que reportan ganancias anuales de hasta $7 millones, apliquen a los componentes que lo integran, informó la Presidencia de El Salvador.
El Banco Centroamericano de Integración Económica realizó el primer desembolso a cinco instituciones financieras salvadoreñas, que pretenden contribuir a la reactivación económica de las empresas que se vieron afectadas por la crisis económica que causó el brote de covid19.
La disponibilidad y uso de estos recursos busca mantener empleos y la recontratación de personal despedido desde el 11 de marzo 2020, informó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El presidente panameño Laurentino Cortizo, sancionó la ley que crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
Las empresas que en El Salvador no cumplan con las medidas de bioseguridad estipuladas en los protocolos de reapertura de la economía, podrán ser sancionadas con el cierre temporal de sus operaciones.
Fueron publicadas las guías para incorporar en los planes de prevención de riesgos laborales o de salud y seguridad ocupacional, que servirán para que las empresas del país prevengan y controles los brotes de covid19 en los centros de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) hizo públicas las guías de salud y seguridad ocupacional para la construcción, la industria y las actividades agrícolas.
Diputados de la Asamblea de Panamá aprobaron en tercer debate el proyecto de ley crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
Los servicios de estas multinacionales podrán desarrollarse en diferentes provincias del país y se desempeñarán en manufacturas de productos, maquinarias de equipo, servicios de embalaje de productos, maquinarias y equipos, informó la Asamblea.
La Asamblea de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios relacionados con la Manufactura.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo crear el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), a fin de hacer de Panamá una nación más competitiva en la economía global y adecuando la atracción de inversiones en la prestación de servicios y procesos productivos, de manufactura, así como la generación de empleos y la transferencia de tecnología, informó la Asamblea.
Con la aplicación del Sistema de Alerta Sanitaria por el covid19 se reabrió la economía guatemalteca, sin embargo, no se han oficializado las guías de operación y los protocolos específicos de seguridad e higiene, para varias actividades económicas.
Después de más de cuatro meses de severas restricciones a la movilidad de las personas y a algunas actividades económicas, las autoridades decidieron que a partir del 27 de julio, el país entraría en una fase de reapertura de la economía.
En el contexto de la crisis económica, se estima que en Centroamérica las empresas han reducido la jornada laboral de los empleados a un promedio de 32 horas por semana.
Derivado de la propagación del covid19 en los países de la región y la imposición de estrictas cuarentenas domiciliares, en la mayoría de mercados la demanda de productos y servicios ha caído considerablemente.
La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el acuerdo que permitía a las empresas que actualmente no tienen capacidad económica para cumplir con el pago de la Bonificación Anual, a conciliar con los empleados la amortización de la obligación.
El acuerdo del Ministerio de Trabajo (Mintrab) 250-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de julio, estipula que para aplazar el pago del Bono 14, los patronos que no estén en la posibilidad de efectuarlo debido a la crisis económica que deriva del brote de covid19, podían hacer una gestión ante el Ministerio.
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