Proponen en Panamá que se hagan públicas todas las sanciones que se impongan a las entidades que violen la ley de prevención de blanqueo de capitales.
La propuesta de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), creada en 2015 en el marco de la nueva ley de prevención de lavado de dinero, pretende "...'hacer más transparente el sistema financiero, que el público sepa el trabajo que se está haciendo para prevenir el delito, que haya un castigo moral y que toda la ciudadanía sepa quiénes están incumpliendo la norma'", explicó el ministro De La Guardia.
Un proyecto de ley propone crear un consejo fiscal que vele porque el presupuesto público contemple supuestos razonables y cumpla con lo exigido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La propuesta de ley está siendo preparada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y su jerarca, Dulcidio de la Guardia, explicó a Prensa.com que además del Consejo Fiscal, se propone crear "...un mecanismo para que el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) pueda recibir más fondos".
El proyecto de construcción de una mini ciudad para albergar las oficinas de las entidades del Estado, con un costo de $400 millones, fue desestimado por la administración Varela.
El proyecto "Ciudad Gubernamental", que estuvo por varios años en el papel, recobró vida durante la administración Martinelli, en la cual llegaron a precalificarse empresas para realizarlo, pero nunca se concretó.
La Asamblea Nacional aprobó elevar el límite máximo permitido para el endeudamiento del Estado a 4,1% del PIB, superior al 3,9% solicitado inicialmente por el Ejecutivo.
La Asamblea modificó el proyecto que inicialmente contemplaba elevar el límite del déficit fiscal del 2,7% al 3,9%, para llevarlo hasta un 4,1% del PIB.
"... Esto significa que, en el conjunto de 2014, el Gobierno podrá gastar alrededor de $1,945 millones más de lo que ingrese, unos $95 millones adicionales a lo previsto en el texto avalado en primer debate."
Presentan un proyecto de ley que pretende contratar más empresas gestoras de cobro para los casos de morosidad tributaria.
Hasta ahora es una sola empresa la encargada, contratada de forma directa y de manera exclusiva, de gestionar el cobro a las personas jurídicas y físicas morosas con el fisco. Si prospera el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el gobierno abriría el proceso para contratar más empresas.
Las empresas navieras se mostraron desconformes con la reforma que impondría una tasa del 1% sobre los fletes en origen o destino en Panamá.
Guillermo Márquez, directivo de la Cámara Marítima, indicó que la aplicación del impuesto sobre la renta (ISR) a estos fletes puede tener "un efecto dramático", encareciendo exportaciones e importaciones. Reclamó que se mantenga la tributación actual.