Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Cada día son más las empresas que recurren a la analítica predictiva para optimizar sus procesos, lograr mejores resultados de negocio e incrementar su participación de mercado.
Las organizaciones utilizan el análisis predictivo interno para pronosticar tendencias, entender y predecir el comportamiento de los clientes, mejorando el rendimiento e impulsando la toma de decisiones estratégicas.
En 2019 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Costa Rica, donde se mantuvo igual que en 2018.
Como ha sido la constante en los últimos años, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como el más corrupto de la región (nivel de transparencia 22 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (26), Honduras (26), República Dominicana (28), El Salvador (34), Panamá (36), y Costa Rica (56).
República Dominicana, Panamá y Honduras, son las naciones de la región donde la mayoría de la población opina que en los últimos doce meses ha aumentado la corrupción en las instituciones de gobierno.
El reporte "Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y El Caribe 2019 - Opiniones y Experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción", elaborado por Transparency International y publicado el 23 de septiembre de 2019, evaluó la percepción de la corrupción en los países de la región y algunos aspectos de inseguridad.
En 2018 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que en 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente.
Al igual que años anteriores, el sector público de Nicaragua continúa siendo percibido como más corrupto de la región (nivel de transparencia 25 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (27), Honduras (29), El Salvador (35), Panamá (37), y Costa Rica (56).
En El Salvador la Superintendencia de Competencia requirió a AB InBev, propietaria de La Constancia, mejorar los términos de la propuesta de compra de la empresa SABMiller.
En 2017 la percepción de corrupción en las instituciones públicas aumentó en todos los países de la región, con excepción de Guatemala y Nicaragua, donde se mantuvo igual que en 2016, y en Costa Rica, donde disminuyó levemente.
El sector público percibido como más corrupto sigue siendo el de Nicaragua (nivel de transparencia 26 en escala de 0 a 100), seguido de Guatemala (28), Honduras (29), El Salvador (33), Panamá (37), y Costa Rica (59).
En El Salvador advierten que la reforma a la Ley de Bancos que propone el gobierno reduciría los controles al blanqueo de capitales, ya que los bancos solo podrían cerrar cuentas con una resolución oficial previa.
El presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal, destacó que "... el proyecto de reforma busca que los bancos no tengan potestad de cerrar cuentas bancarias, ´sin justa causa y sin previa resolución judicial o administrativa´ emitida por la Fiscalía General de la República."
Tras la cesión por Abdul Waked de la mayoría accionaria de Gese a la Fundación Publicando Historia, se levantaron las restricciones de acceso del Grupo Editorial al sistema financiero de Estados Unidos.
Del comunicado del embajador de EE.UU. en Panamá:
Ciudad de Panamá, 23 de octubre de 2017.-
Mis colegas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá y yo felicitamos a todas las partes involucradas en el exitoso esfuerzo mancomunado de reestablecer el acceso sin restricciones al mercado y sistema financiero de los Estados Unidos al Grupo Editorial La Estrella de Panamá y El Siglo (GESE).
Proporción de personas que en el último año han pagado un soborno para acceder a un servicio público: en Panamá 38%, en Honduras 33%, en El Salvador 31%, en Nicaragua 30%, en Guatemala 28% y en Costa Rica, 24%.
EDITORIAL
El informe "Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe", elaborado por la organización Transparencia Internacional, muestra cómo los habitantes de los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a la corrupción: desde casos escandalosos al más alto nivel político, hasta los pagos que a diario se hacen por debajo de la mesa al realizar trámites tan sencillos como solicitar asistencia médica en un hospital público o gestionar un documento en una oficina pública.
La Superintendencia de Competencia sancionó a Unigas de El Salvador, por no haber atendido en tiempo los requerimientos de información de la autoridad.
Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:
El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia resolvió sancionar a Unigas de El Salvador, S.A. de C.V. con una multa de $31,200 por haber faltado a su deber de colaborar al proporcionar extemporáneamente información y documentación requerida por esta autoridad.
Panamá y Nicaragua están entre los diez países de Latinoamérica con el mayor riesgo de lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea.
El índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) elaborado por el Instituto de Governanza de Basilea, ubica a Panamá en el cuarto lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas en América Latina y el Caribe.
La Corte Suprema de Justicia ratificó las sanciones impuestas en 2008 a Molinos de El Salvador y HARISA por prácticas anticompetitivas, y deberán pagar $4 millones en multas.
Del comunicado de la Superintendencia de Competencia:
La Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) de la Corte Suprema de Justicia ratificó en dos sentencias las sanciones impuestas por la Superintendencia de Competencia (SC) en el año 2008 a las harineras Molinos de El Salvador S.A. de C.V. (MOLSA) y HARISA S.A. de C.V. (HARISA), quienes cometieron la práctica anticompetitiva de acordar repartirse el mercado. Tras estas sentencias ambas empresas deberán cesar la práctica anticompetitiva y pagar las multas impuestas, que juntas ascienden a más de USD $4 millones.
Davivienda deberá reintegrar $451 mil a 200 clientes y pagar una multa de $453 mil por haber cobrado cargos por pagos anticipados en los créditos.
Del comunicado de la Defensoría del Consumidor:
La Defensoría del Consumidor informa a la ciudadanía que, cumpliendo el debido proceso, el Tribunal Sancionador ha emitido resolución determinando que el banco Davivienda deberá reintegrar a 203 personas consumidoras la suma de $451,357.78, y pagar una multa de $453,099.60, debido a infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, al efectuar cobro de comisiones o cargos por pagos anticipados en los créditos.
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