Argumentando que las medidas aplicadas por el gobierno perjudica directamente a empleados y dueños de restaurantes y bares, en Guatemala un grupo de empresarios interpuso un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Las restricciones a la actividad productiva ya se aplican desde días atrás, pues con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, el pasado 17 de abril fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 87-2021, marco regulatorio que obliga a reducir al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales, tiendas de conveniencia y restaurantes.
A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el acuerdo que permitía a las empresas que actualmente no tienen capacidad económica para cumplir con el pago de la Bonificación Anual, a conciliar con los empleados la amortización de la obligación.
El acuerdo del Ministerio de Trabajo (Mintrab) 250-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 10 de julio, estipula que para aplazar el pago del Bono 14, los patronos que no estén en la posibilidad de efectuarlo debido a la crisis económica que deriva del brote de covid19, podían hacer una gestión ante el Ministerio.
El pasado 2 de diciembre nueva propuesta de Ley de Tarjetas de Crédito recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía del Congreso de Guatemala, y ahora deberá pasar a discusión en el pleno.
Argumentando defender "los intereses de los trabajadores", grupos sindicales en Guatemala presentaron un recurso contra el acuerdo recientemente aprobado que regula el empleo a tiempo parcial en el país, y en respuesta, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlo temporalmente.
Después de varios años de discusión, el 27 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
Por inconstitucional quitan a la Administración Tributaria la potestad de determinar la base del cálculo del débito fiscal por concepto de Impuesto al Valor Agregado.
El párrafo del artículo 7 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que fue declarado inconstitucional disponía: “En el caso que un contribuyente, en un plazo de tres meses, reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base de cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente... dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales”.
La Cámara de Industrias de Guatemala presentó ante la Corte de Constitucionalidad recursos contra 14 artículos de las Leyes de Tributación y Antievasión II.
“Vemos un abuso en las funciones que la SAT está adquiriendo en esta nueva ley”, afirmó Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industrias de Guatemala (CIG).
Las acciones se suman a las planteadas semanas atrás por diputados, empresarios y las cámaras de Comercio y del Agro, reseña el artículo de Siglo21.com.gt.
Las Cámaras de Comercio y del Agro presentaron ante la Corte de Constitucionalidad cuatro impugnaciones contra quince artículos de la Ley de Actualización Tributaria.
Estos recursos se suman a los de la semana pasada presentados por la Asociación de Exportadores de Café, y a los que serán sometidos el día de hoy, 25 de enero, por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda y la Gremial de Contratistas.
Las gremiales empresariales presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra del paquete tributario aprobado por el gobierno de Guatemala.
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), la Cámara del Agro (Camagro) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), se unieron con el fin de buscar una solución a las inconstitucionalidades que alegan existen en las nuevas normas tributarias.
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