Luego que la Municipalidad de la cabecera de la provincia de San Marcos, en Guatemala, decretara varias restricciones comerciales para contener el avance del covid19, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlas.
La máxima Corte en materia constitucional del país conoció el caso luego que la Cámara de Comercio presentara un acción de amparo, en contra de las disposiciones de la corporación municipal de la cabecera de San Marcos, que fueron publicadas el 11 de agosto y están contenidas en el Acta 73-2020.
En Guatemala un grupo de diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial que aprueba el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila.
La autorización para la hidroeléctrica, propiedad de Proyecto de Desarrollo Integral Pontila y que se proyecta construir en el río Icbolay, en Alta Verapaz, fue emitida el 13 de enero de 2020.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
A dos meses de haber sido suspendidos en Guatemala los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, los inversionistas amenazan con recurrir a la justicia internacional.
Un arbitraje internacional con un alto costo para la imagen del país como destino de inversión podría ser el resultado del proceso que inició con la suspensión de la licencia a los concesionarios de las hidroeléctricas Oxec I y II.
El amparo interpuesto contra la ley que establece topes a las tasas de interés que cobran las emisoras de tarjetas fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó los amparos interpuestos en contra la Ley de Tarjetas de Crédito, presentados en enero por la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG), la Asociación de Emisores de Medios de Pago (AEMPG) y el diputado Ronald Arango, informó Republica.com.gt.
La capacidad de los Poderes Ejecutivos y Legislativos para conducir efectivamente la economía de sus países está seriamente disminuida por la acción descomedida de los Poderes Judiciales, en especial de las Cortes Constitucionales.
EDITORIAL
Ocurre en Centroamérica pero es un problema que crece en toda Latinoamérica. El legítimo afán de asegurar a todos los ciudadanos la plena vigencia de los derechos que otorga la bienvenida vigencia de la democracia liberal, ha generado una cultura de aceptación de prácticamente todo recurso que se interponga en tribunales contra acciones ejecutivas de gobierno, y también contra leyes formalmente bien aprobadas.
Eliminan potestad de la Superintendencia de Administración Tributaria de cerrar de forma preventiva empresas en infracción fiscal.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) eliminó definitivamente la potestad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de realizar cierres preventivos de negocios cuando estos no cumplan con las leyes fiscales de ese país. La CC ya había suspendido la normativa en forma provisional.
Fallo judicial suspende a la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala en su potestad de cierre de negocios como sanción por incumplimiento de normas fiscales.
Mauro Chacón, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), explicó que conocieron cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por las cámaras del Agro y de Comercio, de las cuales una fue suspendida de manera provisional por el máximo tribunal.
Las acciones de inconstitucionalidad presentadas en Guatemala contra la reforma fiscal causaron pérdidas irrecuperables a las arcas del Gobierno.
El Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria señaló, "La reforma no se trata solo del Impuesto Sobre la Renta (ISR)." La Corte de Constitucionalidad (CC) entre otras resoluciones suspendió el cobro del 5% del Impuesto a la Primera Matrícula (Iprima) a los tractores.
Se limitó a grandes empresas la medida que obliga a presentar estados financieros auditados para el pago del impuesto sobre la renta.
El Congreso de Guatemala aprobó el Decreto 14-2009, que limita los tipos de empresas que deben presentar informes contables auditados.
De acuerdo a esta nueva disposición, las Pequeñas y Medianas Empresas no necesitarán auditar sus informes, mientras que los contribuyentes especiales, y los inscritos bajo regímenes de maquila, actividad exportadora y zonas francas sí deberan hacerlo.
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