Para los productores agrícolas, el uso de biotecnología de precisión en Guatemala necesita de un comité especializado para que las decisiones de las autoridades se basen en evidencia técnica y científica, y no influyan intereses políticos o ideológicos.
Guatemala ya cuenta con reglamentación en el tema, pues el 1 de octubre de 2019 entró en vigencia el marco regulador que fue firmado por el Ministerio de Economía con sus homólogos de El Salvador y Honduras.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala otorga el amparo a favor del grupo ambientalista que reclamó la falta de consulta a la comunidad de la zona, pero le permite a la empresa minera reanudar los trabajos.
La condición es que el Ministerio de Energía y Minas deberá realizar la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Ya son cuatro las solicitudes de antejuicio presentadas en contra del presidente Morales, luego de que éste solicitara expulsar de Guatemala al líder de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
EDITORIAL
En menos de una semana se presentaron una serie de acontecimientos que al día de hoy tienen en vilo al país. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Morales por supuesto financiamiento electoral ilícito; Morales declaró al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, persona non grata, y solicitó su expulsión del país. En respuesta a esto, se han presentado otras tres solicitudes de antejuicio en las últimas horas.
La Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas.
Poniendo fin jurídico a la polémica surgida tres meses atrás por la diferencia de criterios legales con el Ministerio de Energía y Minas, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender de forma definitiva el permiso, luego de que se presentaran diferencias de criterio entre el Ministerio de Energía y Minas y la Corte.
La Suprema Corte falló a favor del amparo contra la operación en la mina Progreso VII, Derivada, pero el criterio legal del Ministerio de Energía y Minas es que el proyecto puede continuar operando.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había otorgado un amparo provisional a la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
La Suprema Corte suspendió provisionalmente la extracción de oro y plata en la mina Tambor en respuesta al recurso de amparo interpuesto a favor de poblaciones indígenas.
Se trata del proyecto minero Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A., Exmingua, en La Puya, departamento de Guatemala y dedicado a la explotación de oro y plata.