En el contexto de una caída en la producción, en Costa Rica el gobierno decretó subir desde $36,18 hasta $37,65, el precio del saco de 73,6 kilos de arroz en granza puesto en la planta industrial.
El acuerdo que modifica el precio al productor del arroz fue publicado el 5 de junio en La Gaceta, y la acción del gobierno se toma en un contexto de baja en la producción local, pues entre las cosechas 2016-217 y 2017-2018, el volumen producido mermó en 21%.
La brecha se agranda y los industriales vuelven a poner el tema a discusión pidiendo la derogación del decreto que desde junio de 2015 fija los precios del grano en el país.
Pese a que desde 2009 el precio internacional se ha mantenido constantemente por debajo del precio local, en Costa Rica el gobierno insiste en proteger a los productores, que rechazan el pedido de los industriales de eliminar el decreto que mantiene fijos los precios desde junio de 2015. La solicitud formal de derogatoria fue presentada en noviembre de 2015 por la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa).
El candidato presidencial de centroderecha en Costa Rica mantendría la prórroga a la liberación del precio del arroz.
El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, afirmó que en un eventual gobierno mantendría la prórroga de seis meses que se ordenó a la liberación del precio del arroz.
“…el Ejecutivo aplazó la medida para el 1º de marzo del 2015 tras conversar con el sector. El precio seguirá regulado por ahora”.
La extensión del plazo de aplicación del decreto que elimina el mecanismo de fijación de precios del arroz, significa una transferencia de $75 millones de los bolsillos de los consumidores hacia el sector arrocero.
Desde hace años otros países critican la fijación de precios del arroz en Costa Rica pues se considera como un subsidio y se violan límites definidos.
La Corporación Arrocera Nacional pide mantener el sistema de regulación de precios que protege la producción nacional manteniendo precios altos al consumidor.
Representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) solicitaron al Gobierno que se derogue la disposición de que todo sistema de regulación para determinar el precio del arroz será eliminado este año, según lo establecía un decreto de mayo pasado.
La Corporación Arrocera Nacional y el Gobierno acordaron avanzar hacia un esquema alternativo a la fijación de precios.
“También decidieron establecer un proceso de transición para ordenar el mercado y aumentar la productividad del sector, el cual deberá estar listo esta semana”, reseña el artículo de Elfinancierocr.com.
El acuerdo se dio luego de conocer los resultados del estudio "Mecanismo Actual para la Estimación y Determinación de los Precios del Arroz bajo el Contexto de la Cadena de Comercialización", realizado por el Instituto en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual indica que actualmente, la fijación de precios no contempla varios aspectos de la realidad del mercado tanto nacional como internacional.
Un fallo de un tribunal anuló el decreto del gobierno que fijó el precio mínimo del grano, condenando al Estado a pagar los daños materiales que habría ocasionado esa norma.
De confirmarse esa sentencia, los $28 millones -estimados por los peritos actuantes durante el litigio como la suma que el Estado deberá pagar a los productores- se sumarán a los $104 millones que esos productores recibieron como subsidio durante el 2011.
Productores reclaman el cumplimiento del compromiso del gobierno de colocación de sus cosechas, y el cese de las importaciones del grano.
Productores de la zona de Guanacaste salieron a protestar nuevamente, exigiendo que el gobierno respete un compromiso pactado en noviembre pasado, el cual, según los arroceros, resuelve la colocación de más de cinco mil toneladas de arroz seco que está en los silos de almacenaje tanto públicos como privados desde septiembre de 2011.
El lobby arrocero pudo más y el precio del arroz no bajará, por lo menos hasta que se agoten las existencias de la actual cosecha.
Los empresarios del arroz deberán presentar alternativas al actual sistema de fijación de precios, en un plazo máximo de un mes.
Productores del sur del país bloquearon carreteras para presionar al gobierno, para que este mantuviese inalterable el precio del saco de 73,6 kilos, condición exigida por los industriales para comprar la totalidad de la cosecha actual.
Esta vez fue la representación de los EE.UU. que en reunión bilateral expresaron a los representantes costarricenses su enojo por el exceso de subsidio a los arroceros.
Durante el 2010 se otorgaron $109 millones en subsidios para el sector arrocero, cifra que sobrepasa en 700% el límite establecido en el Acuerdo sobre Agricultura (AsA) de la OMC.
"Los estadounidenses gestionaron la cita cuando se reunía el Comité de Agricultura de la OMC, en el cual unos 70 países advirtieron a Costa Rica por incumplir", reseña Nacion.com.
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