Debido a fallos en las estimaciones de costos de la obra, en Costa Rica la Contraloría declaró inviable la licitación para construir un centro deportivo, valorado supuestamente en $40 millones.
En julio de 2016 la administración Solís anunciaba con bombos y platillos que se preparaban para licitar, a inicios de 2017, la construcción de un centro acuático de 25 mil metros cuadrados y un centro deportivo de 36 mil metros cuadrados en San José, por un costo total de $40 millones.
En Costa Rica la Contraloría General de la República decidió anular los contratos de dos proyectos de construcción vial de la UNOPS, luego de que ésta decidiera mantener en secreto los expedientes con los detalles de dichas contrataciones.
La decisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de ocultar los detalles de las contrataciones realizadas para los dos proyectos de construcción vial que le fueron asignados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavo) le costó caro a las arcas del Estado.
El Ministerio de Educación de Costa Rica utilizó parte de un fideicomiso de $167 millones, destinado originalmente a la construcción de 79 colegios, para pagar las sanciones que el BID le impuso por el retraso en la ejecución de dichas obras.
Alrededor de $1,7 millones fue lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) utilizó para pagar la sanción que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le impuso por no ejecutar el fideicomiso por $167,5 millones en los plazos establecidos, destinado a construir 79 centros educativos y 24 canchas techadas.
Con los cambios al contrato aprobados por la Contraloría General, el Banco de Costa Rica se convierte en administrador del proyecto de ampliación de la carretera.
"... El principal cambio consiste en que el Banco de Costa Rica será el encargado de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) y por ende tendrá que conformar todo el equipo administrativo que se requiera para gestionar las siguientes fases de la ruta.
"Luego de dos años los resultados no son los esperados y, más bien, los atrasos en los proyectos corresponden a la típica gestión entrabada y lenta a que nos tienen acostumbrados las entidades estatales".
EDITORIAL
Las acciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en no dejan de sorprender. Sus representantes en Costa Rica no solo establecieron una serie imposible de trabas cuando la Contraloría General de la República solicitó revisar el expediente de contratación del nuevo puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, sino que ahora, una semana después de haberse planteado la solicitud, la UNOPS ignora la orden de la Contraloría. La entidad había establecido un plazo de 24 horas para que entregara la información.
Después de un largo proceso, finalmente fue adjudicado el contrato por $7 millones para instalar semáforos y agujas en 91 cruces ferroviarios de la Gran Área Metropolitana.
Desde que se anunció la licitación a finales del año pasado, el proceso enfrentó varios obstáculos que lo demoraron, como los recursos de apelación planteados por la estatal de ferrocarriles y empresas participantes.
La Contraloría refrendó el contrato para la construcción en la modalidad llave en mano de un centro médico en Pérez Zeledón, provincia de San José.
El contrato entre el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las empresas Consorcio Constructora Gonzalo Delgado, Consultoría y Diseños y Electrónica Industrial Médica es por $5 millones y comprende "... el anteproyecto, la viabilidad ambiental, especificaciones técnicas, diseño de planos constructivos, además de la ejecución de la construcción y equipamiento total de la parte médica."
El contrato de fideicomiso entre el gobierno y el Banco de Costa Rica para la ejecución del proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón, recibió la aprobación de la Contraloría General de la República.
El proyecto -imprescindible para el desarrollo de la zona norte de la Gran Área Metropolitana- lleva años de demora, tras tropiezos con sucesivas empresas constructoras concesionarias, protestas sociales por el costo previsto de los peajes, y gravosas indemnizaciones por parte del Estado a esas empresas.
Por cuarta vez la Contraloría devolvió sin aprobar el contrato para la construcción del nuevo centro de convenciones, que en mayo fue adjudicado a la constructora Edica por $32 millones.
En esta ocasión la Contraloría General de la República solicitó al Instituto Costarricense de Turismo justificar mejor la razón por la que usarán casi $8 millones procedentes del impuesto de $15 que se cobra a los turistas que ingresan al país.
China Harbour Engineering Company tendrá 42 meses para ampliar la carretera que une la capital San José con la zona portuaria en Limón.
Del comunicado de la Contraloría General de la República (CGR):
Mediante oficio adjunto, la CGR refrendó el Acuerdo de Contrato y a las Adendas 1, 2, 3 y 4 del "Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional No.4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón", suscritos entre el Consejo Nacional de Vialidad -CONAVI- y las empresas China Harbour Engineering Company Limited y China Harbour Engineering Company de Costa Rica, S.A, por un monto de $465.593.387,06 dólares bajo la modalidad de suma alzada.
Finalmente la Contraloría refrendó el polémico contrato con la empresa china CHEC para ampliar 107 kilómetros de la ruta 32 al Caribe, con un aporte de $395 millones por parte del gobierno asiático.
Tres años después de que la administración Chinchilla iniciara las gestiones con el gobierno de China para obtener el préstamo y muchas objeciones y cuestionamientos a lo largo del proceso, finalmente la Contraloría General de la República dio luz verde al proyecto, con el refrendo del contrato.
En Costa Rica un proyecto hidroeléctrico de 37 MW cuyo costo previsto era de $94 millones, terminó costando al Estado $361 millones, debido a una deficiente supervisión y fiscalización de la obra.
El Informe público de la investigación preliminar del Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior, elaborado por la misma Compañia Nacional de Fuerza y Luz, detectó "...
En Costa Rica ordenaron suspender el contrato de supervisión de obras otorgado a la empresa eléctrica estatal en el proyecto de construcción de una carretera, por estar fuera de sus cometidos.
EDITORIAL
La confluencia de intereses al interior de la corporación burocrática estatal costarricense permitió concebir como beneficioso para los intereses de la sociedad, el nepotismo institucional, con contrataciones directas entre organismos estatales.
Aprobaron los fondos para construir un nuevo sistema de alcantarillado sanitario en la provincia de Cartago.
El proyecto estará a cargo de la empresa constructora Meco, que iniciaría los trabajos antes de julio de este año. Los 5300 millones de colones ($9,8 millones) requeridos para la obra, serán financiados por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), luego de que la Contraloría General aprobara el préstamo.
El Ministerio de Obras Públicas contrató a la estatal eléctrica para realizar los trabajos de supervisión de una obra vial por $4 millones, porque asegura no haber recibido ofertas de empresas privadas.
El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) firmó un contrato por $4 millones con el Instituto Costarricense de Electricidad para que éste supervise la construcción de la nueva vía a San Carlos, pese a que la Contraloría General de la República señaló que la entidad debe limitarse a las funciones para la cual fue creada.
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