El Congreso de Guatemala aprobó un decreto, por medio del cual se prohíbe la suspensión de los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía e Internet, por el tiempo que dure el estado de calamidad.
El Decreto 15-2020 que recibió el aval de los diputados durante la madrugada del 3 de abril, establece que ante el brote de covid19 los prestadores de los servicios no podrán aplicar a los usuarios que dejen de pagar sus cuotas, cargos moratorios, intereses, gastos administrativos ni penalizaciones.
Comercios guatemaltecos declaran non gratos a los diputados votantes de la ley que eximía de responsabilidad a los secretarios generales de los partidos políticos del financiamiento electoral ilícito y que aumentaba la posibilidad de conmutar por dinero las penas de prisión.
La ley, llamada popularmente "Pacto de Corruptos", fue fuertemente resistida por la sociedad guatemalteca.
En el mismo día de su entrada en vigencia, la gremial de empresarios presentó una acción de inconstitucionalidad en su contra, argumentando que es lesiva para el libre mercado financiero.
Por segunda vez presentaron un recurso para suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la ley, volviendo a argumentar que no se siguieron los procesos correspondientes y que su aplicación tendrá efectos negativos sobre el mercado financiero guatemalteco.
Con la aprobación de las últimas reformas a la Ley de Compras Públicas se limitan las adquisiciones por medio de contratos abiertos y se prohíbe la participación de funcionarios públicos como proveedores.
Los funcionarios y sus familiares no podrán venderle bienes o servicios al Estado mientras estén ejerciendo sus cargos, y tampoco podrán actuar como proveedores quienes hayan financiado con montos anuales superiores a $3800 campañas electorales u organizaciones políticas en el proceso electoral inmediato previo a la administración que esté vigente.
La nueva ley evitará el cobro de tasas de usura y el hostigamiento a los usuarios, pero también afectará el consumo y la actividad comercial al dejar sin acceso a este medio de pago a por lo menos 500 mil guatemaltecos.
El decreto 7-2015 de la Ley de Tarjetas de Crédito aprobado por el Congreso guatemalteco entrará a regir en tres meses y pondrá un tope a los intereses que cobran las empresas emisoras de tarjetas, controlará los procedimientos que utilicen para cobrar a los morosos, pero al mismo tiempo limitará el acceso a un medio de pago relevante.
El temor del sector industrial a perder privilegios y a asumir responsabilidades estanca el proyecto de ley en el Congreso.
Analistas en el tema apuntan que “las propuestas no han mostrado avances significativos, porque la ley “vendría a perjudicar a algunos sectores que perderían privilegios y tendrían que asumir responsabilidades que no quieren tener”.
La lucha entre facciones políticas paraliza el Congreso que no aprueba las leyes imprescindibles para mantener competitiva la economía.
De acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), si se quiere mejorar la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento económico, se debe aprobar una serie de iniciativas que están paralizadas desde enero en el Congreso, como la ley para crear el sistema nacional de competitividad y una para regular el trabajo temporal.
El próximo 2 de diciembre entrarán en vigencia las reformas a la ley que regula los procesos para ingreso y egreso de mercaderías al país.
De la nota de prensa publicada en el Diario de Centro América:
El Decreto 14-2013 del Congreso de la República, Ley Nacional de Aduanas, publicado hoy en el Diario de Centro América, cobrará vigencia el próximo 2 de diciembre y entre sus artículos estipula procedimientos y disposiciones complementarias aduaneras, infracciones administrativas y sanciones, con el fin de regular el ingreso y egreso de mercancías a Guatemala.
Con la nueva norma se pretende evitar la discrecionalidad en la interpretación de la Ley y en la aplicación de sanciones.
De la nota de prensa del Congreso de Guatemala:
Con el propósito principal de superar las dificultades surgidas con el comercio exterior y generar mayor competitividad, agilidad, control, mejoramiento del servicio y aumento del beneficio social, el Pleno Legislativo aprobó el decreto 14-2013, Ley Nacional de Aduanas en un solo debate y de urgencia nacional.
El Gobierno guatemalteco pretende una moratoria de dos años para la industria minera, con el fin de estudiar una nueva ley para el sector.
De la nota de prensa del Gobierno de Guatemala:
El mandatario Otto Pérez Molina anunció que su gobierno asumió la decisión “trascendente” de proponer una moratoria para la industria minera, que se concretará con el proyecto de ley que se presentará este miércoles al Congreso de la República.
El Congreso de Guatemala aprobó la norma que prevé capital nacional y extranjero en proyectos de infraestructura pública.
La nueva Ley prevé que proyectos de obra pública puedan realizarse con inversión privada que el Estado deberá cancelar a plazos.
"En la norma se establece que el Estado asumirá un compromiso de pago con una empresa privada, por lo que deberá contabilizarse como deuda pública y crear un fondo para amortizar los proyectos autorizados", reseña Kenia Reyes para el Elperiodico.com.gt.
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