Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
La gremial de empresas de minería estima que en 2021 la exportación de oro será un 13% superior al valor exportado durante 2020, explicado en parte por un incremento en el volumen extraído y el alza que ha tenido el precio internacional.
En los últimos años la exportación de oro en Nicaragua ha venido al alza en los últimos años, explicado principalmente por una mayor actividad en el sector, sumado a la tendencia alcista que ha seguido el precio en el mercado internacional.
Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
Las modificaciones a la ley estipulan que previo a la solicitud de explotación, la autoridad minera requerirá a la corporación municipal realizar una consulta ciudadana en un plazo no mayor a 90 días, y la decisión adoptada será vinculante para el otorgamiento de la concesión.
Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación esta no podrá volver a realizarse después de un año, previo a la instalación de una mesa de desarrollo social, precisa el texto aprobado.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
La compañía minera Pan American Silver informó que está interesada en comprar las acciones de la canadiense Tahoe Resources, empresa propietaria de Mina San Rafael en Guatemala.
Representantes de Minera San Rafael confirmaron que existe interés por parte de Pan American Silver, segunda compañía más grande del mundo de minas de plata con operación en México, Perú, Bolivia y Argentina, en comprar a Tahoe Resources.
Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
La demora de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sigue pasándole factura a la empresa minera, que ya lleva más de 400 días sin poder operar.
El vicepresidente de la compañía Tahoe Resources y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, dijo a Elperiodico.com.gt que " ... 200 trabajadores más han sido despedidos. Con este tercer recorte, dijo, suman ya 703 familias las que han tenido que sufrir las consecuencias de este retardo –judicial en la CC–."
En Panamá reclaman que la actividad de extracción de oro en la mina Cerro Quema se retrasará 18 meses, debido a la demora en la aprobación del estudio ambiental y la prórroga de una concesión por parte del gobierno.
La gerencia general de la empresa Minera Cerro Quema, a cargo de la concesión de la mina, asegura que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado hace tres años, y aún no ha recibido el visto bueno por parte de las autoridades.
Según un estudio reciente, las empresas que realizan actividades de minería en el país, operan con un margen de utilidad de 22% antes de pagar impuestos.
El informe elaborado por Central American Business Intelligence (CABI), detalla que las empresas de la industria minera que operan en Guatemala pueden alcanzar costos de extracción de hasta 55%.
A pesar de que las exportaciones del sector cayeron 9% durante el año pasado, la gremial prevé que en 2018 las ventas al exterior podrían crecer 17%.
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, las ventas al exterior del sector minero sumaron $338 millones en 2017, lo que representa una reducción de 9% respecto a lo reportado durante 2016.