Para los empresarios guatemaltecos, para tener instituciones sólidas en el país se debe modernizar, fortalecer y regular aspectos del sistema electoral, del servicio civil, del sector justicia y del gasto público.
El pasado 10 de Octubre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2019), el cual abordó la temática denominada "De un Estado Líquido a un Estado Sólido".
El próximo 11 de agosto los guatemaltecos irán por segunda vez a las urnas, en medio de un clima de incertidumbre, tensión y bloqueo de carreteras, debido al descontento por los resultados de la primera vuelta electoral y por el reciente acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos.
Debido a los problemas que surgieron con la transmisión de los resultados al sistema informático, a once días de haberse celebrado las elecciones presidenciales en Guatemala, comenzaron la revisión manual de las 105 mil actas físicas.
Según los datos preliminares de las elecciones presidenciales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se estableció que la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, fue la opción que obtuvo la mayor cantidad de votos con el 23,7%. A Torres le siguió Alejandro Giammattei del partido Vamos, con 13,9% de los votos, Edmond Mulet del Partido Humanista de Guatemala con 11,1% y Thelma Cabrera del MLP, con 10,4%.
Para el sector empresarial guatemalteco están dadas las condiciones para que se facilite la exoneración de multas e intereses pese a ser un año electoral, pero para el gobierno, una amnistía fiscal no será una opción este año.
Ante el problema de la devolución de crédito fiscal que se ha reportado por varios años en Guatemala, empresarios opinan que es viable hacer una amnistía fiscal, pero las autoridades no la consideran, pues argumentan que no es la vía para mejorar los ingresos fiscales.
Argumentando que "ha violado derechos humanos en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial", el presidente Morales decidió poner punto final al mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la Organización de Naciones Unidas.
A más de diez años del inicio de funciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la administración Morales anunciaba en 2018 que no renovaría ante Naciones Unidas el acuerdo que da vida a la institución foránea dedicada a la investigación criminal.
La Cámara de Industria de Guatemala solicita al Congreso que apruebe reformas a las leyes que eviten o reduzcan los actos de corrupción y que se castigue a los funcionarios públicos involucrados en estos.
De la nota de prensa publicada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):
En el marco de la visita in situ programada para este día, respecto a la evaluación de Guatemala dentro del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC-OEA), Cámara de Industria de Guatemala (CIG) participó con una exposición sobre la “Cooperación entre el sector privado y los órganos de control en los esfuerzos destinados a prevenir y combatir la corrupción”.
En el primer encuentro se conformaron cuatro mesas de trabajo para tratar temas de seguridad, reforma fiscal, proyectos sociales y económicos.
Sobre el tema fiscal se acordó discutir el ajuste presupuestario para el gasto público del año en curso.
"Se hará el análisis para el nuevo techo presupuestario que se ajuste al nivel de recaudación del país.", reseña Elperiodico.com.gt, " El titular de la cartera de Finanzas expresó al salir de la reunión que existen perspectivas positivas para lograr acuerdos importantes luego de un año difícil."