Construir muelles especializados para la industria marina auxiliar y aumentar la capacidad para realizar entregas de forma rápida vía aérea, son algunos de los desafíos que enfrentará Panamá en los próximos años.
La economía panameña depende en gran medida del sector logístico, pero en la actualidad enfrenta nuevos retos debido a la creciente competencia que representan otros jugadores regionales que ofrecen mejores costos en la gestión de carga a gran escala.
El 11 de marzo se realizará la segunda edición del evento que expondrá las oportunidades de desarrollo de negocios que traerá el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
La Cámara Marítima de Panamá convocó al evento Panamá Logistic Summit 2016: Logística en las Américas después de la Ampliación del Canal para el próximo 11 de marzo.
Reseña Laestrella.com.pa que “…entre los temas que se abordarán está la preparación de Estados Unidos en materia logística para los cambios que genere la ampliación del Canal de Panamá, mediante un tercer juego de esclusas próximo a inaugurar, y las oportunidades de desarrollo de negocios que salgan a relucir”.
En 2013 la carga marítima disminuyó 4,3% respecto al 2012, que ya había registrado menos carga que en el 2011.
En el 2013 se movilizaron en las terminales marítimas panameñas 6 millones 561 mil TEU (unidad equivalente a 20 pies de largo), 4,3% menos en comparación con el 2012, lo que significan 296 mil contenedores menos.
Willys Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, considera que la situación es preocupante.
La huelga que mantienen los trabajadores de la terminal portuaria panameña desde hace una semana, fuerza a algunas embarcaciones a desviarse a otros puertos de la región.
Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden las pérdidas en el puerto que opera Manzanillo International Terminal (MIT). El operador de la terminal ha dicho que se ha logrado aumentar el movimiento de carga pero las operaciones todavía no alcanzarán su funcionamiento normal..
Desde la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio se señaló el impacto negativo que tendría sobre la actividad marítima del país.
La Ley fue duramente cuestionada por funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), quienes además consideran que se violarían los convenios de promoción y protección de inversiones, y acuerdos comerciales firmados por Panamá.
La implementación de un sistema tecnológico prometía agilizar las operaciones en la terminal, pero contradictoriamente las estancó desde el miércoles anterior.
"Se han dado demoras normales producto de la transición del sistema viejo al sistema nuevo, incluyendo demoras en el despacho de contenedores al ferrocarril", explicó Rommel Troetsch, jefe de asuntos corporativos de Panama Ports Company (PPC), quien agregó que las operaciones deben normalizarse en los siguientes días.
El constante aumento en el volumen de la carga que transita por el país del Canal, habilita más inversiones en sus puertos.
La Autoridad del Canal de Panamá, realiza estudios con el fin de desarrollar una terminal portuaria en el área de Corozal. Más adelante, en Isla Margarita se desarrollará otro proyecto con un costo aproximado de $600 millones, según Willys Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.
“Por la importancia que tiene el sector marítimo para el país, se debe legislar de tal forma que antes de llegar a un paro se pueda ir a un arbitraje” - Willis Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá.
Frente a pérdidas millonarias que afectaron a todos los clientes y participantes del Hub logístico de Panamá, producto de la última huelga de trabajadores en las terminales de Balboa y Cristóbal, representantes de navieras y operadores portuarios consideran necesario la aprobación de una legislación para que cuando haya algún tipo de reclamo laboral no se vean paralizadas las operaciones portuarias.
La creciente actividad como hub logístico global, que se incrementará aún más cuando opere el Canal ampliado, exige un marco regulatorio omnicomprensivo.
Representantes de agencias de carga concuerdan que la falta de un marco regulatorio conlleva a que la resolución de problemas y determinadas situaciones, se deja a discreción del funcionario que interviene.
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