Está casi finiquitado el acuerdo entre legisladores y empresarios sobre las modificaciones a incorporar en la Ley de Seguridad Poblacional.
Representantes de los dos sectores "afinaron la última propuesta por actividad económica, lo que les permitirá proyectar la cantidad de recursos a captar mediante la aplicación de cobros, cargos, tarifas y tasas", reseña Elheraldo.hn.
La Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad impuesto por la Asociación de Industriales.
Con el propósito de que el gobierno desista de cobrar el impuesto conocido como “tasa de seguridad”, los empresarios hondureños presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, la Asamblea deberá enviar, en un plazo no mayor a cinco días, toda la información referente a los antecedentes del proceso de formación del decreto, para que la Corte lo analice y se manifieste al respecto.
El Consejo de la Empresa Privada y la Asociación de Industriales de Honduras interpondrán un nuevo recurso de inconstitucionalidad.
En próximos días ambas asociaciones interpondrán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso contra la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público.
La Tribuna en su portal web agrega, "La ley que procuran impugnar los empresarios, establece el combate a la evasión fiscal, la reducción de gastos y compensar a los usuarios de tarjetas de crédito y débito, y desligar a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) del Ministerio Público (MP), y que quede adscrita a una dependencia del Poder Ejecutivo."
La propuesta de gravar todas las transacciones bancarias es fuertemente rechazada.
El gobierno pretende crear un fondo de $79 millones para combatir la inseguridad ciudadana, el cual sería financiado, en parte, con lo recaudado por un impuesto de 0,2% sobre todas las transacciones que se efectúen en los bancos.
Representantes del sector empresarial consideran que esta medida es exagerada y que no todas las transacciones deberían gravarse, pues el costo financiero para las empresas sería muy elevado.
Los empresarios no se opone al impuesto, pero de aprobarse sostienen que debe de ser supervisado por la empresa privada.
Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), señaló que no han sido consultados sobre la aplicación del impuesto, al que no se oponen, pero sostienen que los recursos deben de ser administrados por la empresa privada.