Unidad Especial Antifraude en Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica constituirá una nueva Unidad Especial Antifraude y emitió una directriz para restringir la conciliación en casos de evasión fiscal.

Miércoles 11 de Abril de 2012

Del comunicado de la Casa Presidencial:

La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda manifestó que “Costa Rica ha venido dando pasos en la dirección correcta para mejorar su gestión tributaria, no solo se han implementado modelos de gestión de vanguardia, sino que se han propuesto importantes cambios a las leyes tanto de impuestos como de procedimientos, en una clara convicción y compromiso de esta Administración por mejorar las finanzas públicas trabajando con afán en las fallas estructurales de nuestro sistema fiscal”.

Para la Mandataria, el ataque a la evasión fiscal es del más alto interés nacional. “Si no se combate con fortaleza y eficiencia, se propicia y motiva el comportamiento laxo y disoluto de la mayoría de los contribuyentes que ven en la desidia estatal por combatir el fraude, una excusa para no cumplir ellos mismos”.

Además de los cambios legales indispensables para el correcto funcionamiento de las finanzas públicas, el Gobierno de la República ha resuelto hoy tomar las siguientes medidas:

I. Crear una unidad especial de análisis y acción contra el fraude complejo en el seno de la Dirección General de Tributación, dotada de recursos para atraer y retener a un grupo élite de auditores que actuarán sobre los esquemas de fraude más dañinos de la sociedad. Gente experta en estos temas, de diversos lugares de la ciencia y la técnica, tanto del sector público como del privado.

II. Impulsar un cambio de política en cuanto a conciliaciones en los casos acusados por defraudación fiscal. Con este propósito se girarán instrucciones al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia y Paz, para que -sin dejar de lado la aplicación de la conciliación- cuando se trate de delitos por defraudación fiscal, se dé un papel más relevante a la Justicia Penal, limitando y restringiendo los supuestos en los que se optaría por no llevar las acusaciones a juicio exponiendo así a los evasores a la posibilidad de que se les aplique la pena de cárcel.

El replanteamiento de la forma en que se ha dado la persecución penal de los delitos relacionados con la evasión fiscal, se evidencia si se considera que a marzo de 2012 se han presentado un total de 78 denuncias penales, de las cuales 49 se encuentran activas. Sin embargo de todos esos casos, solamente uno ha pasado a la etapa de juicio.
29 de las denuncias han sido archivadas, 14 por desistimiento y en 15 operó el sobreseimiento.

Entre los 15 casos sobreseídos, únicamente en cinco medió reparación o conciliación, mediante lo cual se recobró un total de ¢4.601.157.616.

En síntesis, de las 78 denuncias interpuestas únicamente una se ha visto expuesta a una eventual pena de cárcel y sólo cinco han pagado su deuda tributaria



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