Un regulador a la medida del gobierno

Para no regularizar lo que regularizado mal está, se necesita un desregulador que regule desregulando lo que regulado bien está.

Lunes 4 de Julio de 2016

¿Se acuerdan del obispo desconstantinopolizador?
"El obispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El desconstantinopolizador que lo desconstantinopolize buen desconstantinopolizador será."

EDITORIAL

El nuevo jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP) llegó al cargo siendo objetado seriamente por el evidente conflicto de intereses que se generaba por ser funcionario en activo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ente monopólico estatal cuyas tarifas deben ser fijadas justamente por ARESEP.  La insistencia de la administración Solís llevó finalmente a su nombramiento como Regulador General, y tras una anunciada pausa de reflexión, el nuevo jerarca renunció a su cargo en el ICE, prometiendo que su accionar tendría como único objetivo el bienestar de los consumidores de los servicios que ARESEP regula.

Todo esto se da en un contexto en que las instituciones públicas proveedoras de bienes y servicios están siendo fuertemente cuestionadas por los privilegios en salario y en prestaciones que tienen sus funcionarios, que generan aumento de las tarifas de esos bienes y servicios por encima de los costos normales de producción. Fueron notorios los enfrentamientos del anterior Regulador General con esas empresas públicas que venden en forma monopólica bienes fundamentales como combustibles y electricidad, por la inclusión o no de esos privilegios como parte de los costos de esos bienes. De allí la suspicacia generalizada que provocó el nombramiento como Regulador general, de un funcionario de una de esas empresas.

Ahora, en su primera actuación notoria, el nuevo Regulador General congeló la entrada en vigencia de un nuevo modelo tarifario para el transporte público en autobuses, modelo que actualizaba el que ya tenía 20 años y cuya antiguedad se estima que provoca aumentos de hasta un 40% por encima de lo que debería ser el costo real de los pasajes. Como lo reseña el artículo en Nacion.com, el nuevo modelo es el resultado de 6 años de "...  negociaciones y consultas en las cuales participaron cámaras de autobuseros, la Defensoría de los Habitantes, el Consejo de Transporte Público (CTP) y grupos de consumidores. Esa discusión llegó a su clímax en el 2015, cuando hubo talleres de consulta, organizados por Aresep, para atender inquietudes, objeciones y dudas de los sectores por los posibles efectos del instrumento que viene a relevar uno que ya tenía 20 años en uso. La Sala Constitucional incluso declaró sin lugar tres acciones de inconstitucionalidad contra la audiencia pública para discutir la propuesta. Esta, finalmente, se realizó el 14 de diciembre. La Junta Directiva de Aresep ratificó el método el 29 de febrero."

La orden de congelación del nuevo modelo para realizar un "análisis de sensibilidades" llega 15 días después de que un diputado del Frente Amplio (FA), acudió junto con tres empresarios de autobuses a un encuentro con el nuevo regulador. Entre ellos estaba la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).

Al mismo tiempo el presidente Luis Guillermo Solís también recibía visitas de autobuseros, y días después destituía un viceministro que se había empeñado en generar un cambio en la estructura del trasporte público en autobuses, cambio que implicaba mejoras en el servicio y especialmente la implantación del cobro electrónico del pasaje, lo que traería transparencia sobre la cantidad real de pasajeros transportados (que es parte del modelo tarifario) y consecuentemente una reducción en las tarifas, lo que por supuesto es resentido por las empresas autobuseras.

Dennis Meléndez, el ex Regulador General, escribe sobre el tema, en artículo que es imprescindible leer: "¡Qué injusticia más grande se está cometiendo con los usuarios de buses!"

En otro editorial de Nación.com se señala: "... las dilaciones de la Aresep y el gobierno están trasladando una gran cantidad de riqueza de las personas menos favorecidas de nuestra sociedad a un grupo de empresarios que explota concesiones otorgadas por el Estado, cuyo deber de velar por el interés público no se cumple."

Es inevitable la remembranza del simpático trabalenguas sobre el obispo descontantinopolizador de Constantinopla: Para no regularizar lo que regularizado mal está se necesita un desregulador que regule desregulando lo que regulado bien está (para que así siga bien protegido el abuso corporativo).



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Nota del editor:
Esta opinión se escribió horas antes de que el ya designado nuevo Regulador General de Costa Rica informara de su renuncia al cargo que detentaba en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al comunicar su renuncia el funcionario señaló: "No existe ningún conflicto legal entre el cargo que ocupaba en el ICE y mi designación como Regulador General; sin embargo, tomo esta decisión en aras de la transparencia que debe prevalecer en mi nuevo puesto". Su insistencia en la legalidad de su nombramiento, insistencia que aparenta justificar lo anti ético del mismo, hace que se mantenga la preocupación por la justicia de las decisiones que deberá tomar en el ejercicio de su cargo. Esta preocupación crece si se considera que si no hubiera renunciado, era obligatoria su abstención en las decisiones que involucraran a la empresa donde mantenía su cargo. Ahora ya no tendrá que abstenerse.

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