Un fallo contra la democracia y el desarrollo de Costa Rica

A contrario sensu de la doctrina internacional sobre acceso a la información pública, un fallo del tribunal supremo costarricense admite como válida la grosera chicana técnica utilizada para obstaculizar el manejo de datos requeridos a una institución pública.

Martes 9 de Agosto de 2016

EDITORIAL

La Sala Constitucional de Costa Rica denegó un recurso presentado por periodistas del semanario El Financiero, validando de esa manera la utilización de claves para impedir el análisis por medios informáticos de una base de datos con información sobre los salarios pagados en el estatal Banco de Costa Rica. Ver Sala Constitucional limita libre acceso a base de datos públicos

En la fundamentación del fallo de la Sala Constitucional se constatan: 1. Horrores por desconocimiento de tecnología, 2. Apartamiento de los principios internacionales sobre el derecho de acceso a la información, 3. Incumplimiento de su obligación como órgano jurisdiccional superior de impedir el uso de chicanas para obstaculizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, y 4. Una falta imperdonable en su condición de factor principal de la adaptación de los actos jurisdiccionales a la evolución de la vida en sociedad.

  1. Como lo destaca con precisión los Directores de la Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica, el fallo demuestra “… un grave desconocimiento de la forma en la que opera la información digital, pues se valida bloquear el análisis mediante herramientas informáticas de una copia de una base de datos para evitar poner en peligro la confiabilidad de la base de datos original que en ningún momento está siendo entregada a su solicitante."
  2. Tal como lo establece el Comité Jurídico Interamericano, órgano de la OEA, al adoptar los Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información: “… Los órganos públicos deben difundir información sobre sus funciones y actividades – incluyendo  su  política,  oportunidades  de  consultas,  actividades  que  afectan al público, presupuestos, subsidios, beneficios y contratos – de forma rutinaria y proactiva, aún en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible.” No alcanza con que la información sea “un poco accesible”, sino que debe ser suministrada con la máxima accesibilidad posible. Más aun, la información que es pública, debe estar disponible SIEMPRE, con las mayores facilidades, y sin que sea necesario solicitarla.
  3. El fin último de la actividad jurisdiccional es el de impartir justicia, lo que en el fallo de marras no se aprecia, al aceptarse y convalidarse una chicana evidente en su propósito de obstaculizar el manejo eficiente de la información ya suministrada a regañadientes.
  4. En el fallo que cuestionamos se cita una decisión anterior de la misma Corte, que en marzo de 2014 indicaba -quitando obligaciones a la administración pública en la entrega de información, que “la digitalización de la información pública ... exige   una   adaptación   progresiva acorde a las posibilidades presupuestarias, tecnológicas y de recursos humanos de cada Administración, no sea que por digitalizar toda la información pública o entregarla en un determinado formato, se dejen de atender otros aspectos esenciales del servicio público que se brinda a la población en general. [esto] ... no puede implicar el descuido de los servicios ordinarios que provee la Administración o salirse del giro normal de la institución.  Al apoyarse en este concepto y ratificarlo, la Sala Constitucional de Costa Rica comete el grave error de desconocer la obligación de rendición de cuentas y transparencia de gestión ante los ciudadanos que tiene toda institución pública, como parte esencial de su “giro normal”. No es un favor lo que hace el funcionario público al entregar información pública a un ciudadano, sino que lo que hace es cumplir con una obligación primordial. 

Este fallo es antidemocrático porque vulnera la capacidad de elección de los ciudadanos al menoscabar sus posibilidades de estar informado, y atenta contra el desarrollo porque contribuye a afirmar el oscurantismo sobre la gestión pública, favoreciendo la creación de mercados negros de información y consecuentemente el crecimiento de la corrupción.

Como empresa contribuyente al desarrollo de la economía de los países centroamericanos, y en su tarea de proveedor de información de negocios que permite la mejor gestión de los recursos disponibles, favoreciendo la competitividad y la productividad de las economías regionales, CentralAmericaData conoce el valor que tiene el acceso irrestricto a la información pública, y aboga por la modernización de las normas que rigen la materia, y por la permanente actualización de las tecnologías utilizadas para su cumplimiento.

Ver: Fallo de la Sala Constitucional
Ver: Sala Constitucional limita libre acceso a base de datos públicos
Ver: Principios sobre el derecho de acceso a la información  
Ver: Acceso a la información pública, sin poder analizarla, no es acceso real

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