Uber, competencia y libre mercado

En El Salvador proponen reformar la normativa sobre transporte de pasajeros para "incorporar los modelos de negocios sustentados en las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones".

Lunes 18 de Setiembre de 2017

Del informe de la Superintendencia de Competencia de El Salvador:

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CD) emitió opinión sobre la normativa de transporte terrestre, en relación a la prestación de servicios de transporte de pasajeros requeridos por los usuarios mediante el uso de plataformas digitales.

La opinión del CD señala que la normativa sectorial, no contiene reglas que permitan la incorporación de los modelos de negocios sustentados en las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, como en el caso de las plataformas digitales por medio de las cuales es posible requerir servicios de transporte.

Plataformas en funcionamiento desde este año en El Salvador, como Uber y Vamos, son innovaciones disruptivas que redefinen el mercado de transporte de pasajeros, lo cual requiere evaluar la normativa aplicable desde la perspectiva de la competencia.

El análisis concluyó que los servicios de transporte requeridos mediante plataformas digitales no constituyen una modalidad de transporte entre particulares, sino que pertenece al ámbito del transporte selectivo de personas. Por tanto, acorde con el deber que le corresponde a la Superintendencia de tutelar la competencia en pro de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, se recomienda promover la reforma del régimen jurídico aplicable a esta actividad, regulando mecanismos que autoricen explícitamente la operación y gestión de nuevos modelos de negocios, siempre que éstos logren los mismos objetivos de política pública y que sean sometidos a reglas equivalentes a los servicios tradicionales.

Una regulación adecuada crearía un escenario favorable para que taxistas puedan seguir compitiendo y que otros que operan mediante plataformas digitales, ya sea locales o extranjeros, se introduzcan al mercado, favoreciendo a los consumidores.

Entre las recomendaciones del CD dirigidas al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, a través del Viceministerio de Transporte, se encuentran:

  1. Promover la reforma del régimen jurídico aplicable a los servicios de transporte selectivo de pasajeros, con la participación de los agentes económicos y las entidades públicas relacionadas con la actividad.
  2. A efecto de equilibrar la protección de los consumidores y las condiciones de rivalidad entre las diversas modalidades y tipos de transporte, la propuesta de reforma debería considerar:

Regular los servicios tradicionales de transporte, como el taxi, evaluando si la regulación es capaz de contribuir a resolver fallos de mercado asociados a la actividad, o, si el mercado puede resolver los problemas que deberían darle origen, sin necesidad de enfrentar los costos que dicha regulación pueda implicar.

Establecer mecanismos jurídicos que autoricen explícitamente la operación y gestión de nuevos modelos de negocios siempre que éstos logren los mismos objetivos de política pública y que sean sometidos a reglas equivalentes, no iguales, a los servicios tradicionales.

Considerar las diferencias entre las diversas modalidades y tipos de transporte selectivo, según una regulación flexible que obligue a satisfacer estándares y/o requisitos mínimos que procuren determinados resultados, pero deje márgenes administrativos o reglamentarios para establecer los medios para alcanzarlos, según cada caso.

Eliminar cualquier regla que limite la competencia entre los servicios de transporte selectivos de pasajeros y los nuevos operadores tradicionales, así como cualquier otra que impida a los taxistas se transformen para competir en la nueva dinámica creada por los innovadores.

Esta opinión, resuelta el pasado 23 de agosto, es accesible mediante el enlace: http://www.sc.gob.sv/site/pages.php?Id=1957

La Superintendencia de Competencia procura incidir en la reducción de las limitaciones o restricciones que afecten la competencia. De acuerdo con el artículo 14 letra l) de la Ley de Competencia, es atribución y deber del Consejo Directivo: “emitir, a requerimiento o de oficio, opinión sobre proyectos de leyes, ordenanzas o reglamentos en los que pudiere limitarse, restringirse o impedirse significativamente la competencia”.



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EDITORIAL

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