Todos ganan, nadie pierde... excepto usted y yo

Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.

Miércoles 12 de Febrero de 2014

EDITORIAL

Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias. Entre ellos hay presidentes, ex presidentes, ministros, ex ministros, jueces, y otros funcionarios públicos que, no importa cual y cómo fuera su intervención en el tema, siguieron cobrando puntualmente sus sueldos y siguen cobrando puntualmente sus jugosas jubilaciones.

Industrias Infinito, subsidiaria de Infinito Gold, entabló una demanda contra el Estado costarricense por $94 millones perdidos por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá, por la cancelación de la concesión que les fuera otorgada para la explotación de oro en la mina Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua.

La historia arranca en 1993, cuando la minera canadiense Pacer Dome Incorporated obtiene permiso para explorar una zona aledaña al pueblo Crucitas. En diciembre de 2001 el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) entrega a Industrias Infinito permiso de exploración minera.

En los años subsiguientes se suceden acciones administrativas, legales y políticas, a favor y en contra del proyecto minero, entre los que destacan en 2002 el decreto del presidente Abel Pacheco prohibiendo la minería a cielo abierto, una resolución de la Sala Constitucional que establece que pese a lo anterior Industrias Infinito puede continuar la exploración, y en 2008 que el presidente Oscar Arias declara de interés nacional la minería a cielo abierto, y que SETENA otorga el permiso de explotación final para la mina de oro en Crucitas. En este mismo año el Ministerio Público inició una investigación sobre esa declaración de interés nacional, lo que conduce a una acusación formal contra el ex ministro de Ambiente Roberto Dobles y otros funcionarios del MINAE por prevaricato en la gestión y otorgamiento del permiso de explotación a Industrias Infinito.

Finalmente, en noviembre de 2010, un tribunal determinó que hubo ilegalidades en el otorgamiento de los permisos dados a la minera canadiense para la explotación de la mina de oro Crucitas, dictaminando la cancelación de la concesión otorgada.

A lo largo de todo el proceso se constatan decisiones contradictorias dentro de los ámbitos administrativos, jurisdiccionales y políticos de Costa Rica. El fracaso final del proyecto causó la reacción de la Cámara de Industrias de Costa Rica, que resumió la situación en un comunicado de prensa: “este fallo echa por tierra una iniciativa que lleva quince años trabajando por concretarse como empresa productiva. Son quince años de trámites y esperas que sólo el que ha sido o es empresario sabe lo que significan como via crucis. Lo verdaderamente lamentable es que un proyecto se aborte tras tanto tiempo. Si, en efecto, se equivocaron todos los que participaron en las aprobaciones durante todos estos años, incluida la sala IV, como el tribunal contencioso dice, como país hemos fallado muy gravemente. Qué inversor va a creer en cualquier dictamen, aprobación, permiso, licencia, patente, concesión, contrato o cualquier otra modalidad emitida por las autoridades competentes si ante los tribunales puede ser impugnada, rebatida, anulada, por errores, incompetencia o fallos originados en la propia autoridad pública. Es eso que se llama inseguridad jurídica, acompañada o aliada, en complicidad, con la inseguridad de la incompetencia”.

Más allá de cualquier postura ambiental, es claro que esas decisiones contradictorias dentro del Estado costarricense provocaron perjuicios económicos a Industrias Infinito, y es muy difícil que el tribunal internacional donde ahora se dirimirá el litigio, no lo entienda así. Costa Rica deberá pagar muchos millones a Industrias Infinito, tal como lo hizo recientemente a la empresa brasileña OAS por la cancelación de la construcción de una carretera.

Y ninguno de los funcionarios involucrados pagará absolutamente nada, ni devolverá los sueldos percibidos durante gestiones que se califican, como mínimo, de pésimas. El dinero saldrá, como siempre, de los contribuyentes, que no son todos los ciudadanos, sino solamente las personas y empresas que pagan impuestos.

De fuentes varias en Internet.



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