Luego de la polémica generada por las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, el sector empresarial panameño exige que se realice una investigación profunda, ya que aseguran que se avanza "peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad".
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):
Luego de las graves declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, contra al Sistema de Justicia, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exige se den las investigaciones pertinentes dentro del Estado de Derecho y el debido proceso; dado que avanzamos peligrosamente hacia el agotamiento de todo principio de legalidad.
“Insistentemente hemos destacado a la necesidad de contar con instituciones dentro del imperio de la ley, y esta sea aplicada a todos por igual;” expresó Gabriel Barletta, presidente de la CCIAP. “Lo trascendido sobre el supuesto contenido y forma de una conversación entre dos altos funcionarios del Ministerio Público y el Órgano Judicial, deja en entredicho la transparencia e independencia de tales Órganos; así como, deja muchas dudas y cuestionamientos,” puntualizó Barletta.
La CCIAP enfatiza la necesidad de recuperar la institucionalidad del país, ya que la falta de credibilidad generalizada nos hace ver como un Estado fallido, donde no existe un clima de seriedad alguna y esto tiene efectos negativos no sólo en nuestra sociedad, sino en un decrecimiento de las inversiones y de fuentes de empleo.
“La paciencia nacional se agotó; por lo que, en los próximos días, el sector empresarial en su conjunto estará proponiendo acciones puntuales para mejorar nuestra administración de justicia,” señaló el presidente de la CCIAP.
La gremial de empresas privadas promueve una reforma que permita robustecer la administración de justicia y asegure la independencia de jueces y fiscales.
Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP):
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En los últimos días, la opinión pública se ha visto consternada por diferentes hechos presentados en torno a investigaciones que se adelantan por señalamientos de delitos contra la administración pública. Mucho se ha comentado sobre el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones cuestionadas, creando intranquilidad y desasosiego.
El Fiscal General denunció las barreras existentes para que los delitos de cuello blanco y en especial la corrupción dentro del Estado puedan perseguirse eficazmente.
La autorización de un juez para que se abra una caja de documentos públicos como parte de una investigación, y la aprobación de recursos de apelación aún cuando la ley establece que no procede, son parte de las trabas jurídicas que demoran el procesamiento de casos de delitos de cuello blanco.
Una encuesta realizada a empresarios nicaragüenses revela que el 73% desconfía del sistema judicial del país, y percibe mucha corrupción en el Estado.
Pese a este resultado, según la cuarta encuesta de Confianza e Intención de las Empresas, realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la situación ha presentado una ligera mejoría.
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