Proceso electoral pierde viabilidad democrática

Después que en Nicaragua se detuvieran a los precandidatos a la presidencia Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, el sector empresarial cuestiona la "viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente".

Lunes 7 de Junio de 2021

Luego que el Ministerio Público hiciera una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura en contra de la precandidata presidencial.

Según la Fiscalía, la acusación formal en contra de Chamorro se hizo por "gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos". Anteriormente las autoridades habían ordenado congelar las cuentas bancarias de Chamorro.

Actualmente Chamorro se encuentra guardando prisión domiciliaria.

Las acciones judiciales en contra de precandidatos presidenciales no han quedado ahí, pues el pasado 5 de junio las autoridades informaron que el ciudadano Arturo José Cruz Sequeira fuer detenido por la Policía Nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, Cruz tiene fuertes indicios de que ha "atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055 'Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz', por lo cual dentro de los términos de ley, será presentado ante autoridad judicial competente".

Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), los últimos eventos contra opositores y la reciente detención policial y anunciada investigación penal en contra del precandidato Cruz, cuestionan la viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente.

El documento destaca que "... las autoridades con estas acciones están sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad económica y social, que afectarán el presente y futuro del país".

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A raíz de una acusación en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, presentada por el Ministerio Público ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua, las autoridades decidieron girar una orden de allanamiento y de captura.

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