Servicios básicos: Polémica en Guatemala

El sector empresarial se oponen al Decreto que prohíbe los cortes de servicios de agua, electricidad, TV por cable, telefonía e Internet durante el estado de calamidad, argumentando que la ley tiene graves deficiencias y ambigüedades.

Viernes 22 de Mayo de 2020

El Congreso de la República aprobó y publicó el Decreto 15-2020, el cual prohíbe la interrupción de los servicios básicos a la población durante el estado de calamidad y sus posibles prórrogas, el cual cobró vigencia a raíz del brote de covid19 en el país.

Ver "Guatemala: Suspensión de servicios básicos"


Detalla el Artículo 2 del Decreto que "... Para evitar la interrupción de los servicios básicos, a la población guatemalteca en situación de vulnerabilidad, se establecen medidas de emergencia a ser aplicadas por las entidades prestadoras de servicios de agua, cable, luz, teléfono, e Internet, ya sean públicas o privadas, y que serán aplicables durante la vigencia del estado de calamidad pública y sus posibles prórrogas, en la forma siguiente:

a) A partir de la declaratoria de estado de calamidad pública, en ningún caso podrá suspenderse la prestación de estos servicios.

b) No podrá aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios: cargos moratorios, intereses, gastos administrativos, cualquier otra penalización."


En respuesta a la ley que fue publicada en el Diario Oficial el 21 de mayo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), opinó que el Decreto presenta graves deficiencias y ambigüedades, entre las que figuran la falta de especificación sobre a quienes beneficia, no se fijan plazos, plasma disposiciones que muestran evidentes vicios de inconstitucionalidad y tampoco hay fuente de financiamiento para este tema en el largo plazo.

Añade el comunicado del CACIF que "... A pesar que fueron planteadas acciones legales debidamente fundamentadas ante la Corte de Constitucionalidad para tener la oportunidad de corregir las deficiencias, este tribunal no entró a conocer como correspondía y su inacción dio lugar a la publicación del decreto sin que se analizara el fondo legal del asunto."

El no haber enfocado el apoyo de forma oportuna en la población que realmente lo necesita, pone en alto riesgo el suministro eléctrico para todo el país, concluye el documento de fecha 22 de mayo.

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