El concepto principal del proyecto de Ley implica que, a diferencia del esquema tradicional, donde las empresas simplemente son contratadas por el Estado para la construcción o desarrollo de obras públicas, de aprobarse el régimen de APP, el sector privado podría asumir un papel más importante en los proyectos, financiando las obras para luego recibir pagos por la prestación de los servicios, en contratos a largo plazo.

De esta manera, las empresas asumen mayores riesgos en los proyectos desarrollados bajo la modalidad APP, y el Estado no debe computar las deudas originadas por la financiación de esos desarrollos. Las empresas financian las obras teniendo como pago un contrato multianual de prestación de servicios, asumen ciertos riesgos en la construcción del proyecto y, además, podrán ser responsables de operar el desarrollo o prestar el servicio.

Las asociaciones de médicos panameños se oponen al proyecto, señalando que sus resultados reales serán la privatización de los servicios de salud, dado que el proyecto de ley incluye "concesiones para la construcción de hospitales, además de carreteras, puertos, servicios de manejo de aguas servidas y potable."

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