El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional a mediados de abril contenía un artículo que derogaba el contrato de concesión con PSA Panamá International Terminal, aprobado hace ya más de tres años. En su momento, la decisión de los diputados fue fuertemente criticada por el sector empresarial panameño, que la calificó como un atentado a la seguridad jurídica.

Reseña Laestrella.com.pa que "... El veto presidencial se sustenta en que, a través de la concesión se recaudará en impuesto unos $350 millones, más unos 27 millones de dólares en concepto de tarifa, derecho de uso y muellaje. Adicionalmente, genera empleo, recursos financieros y tributarios contemplados e integrados en el Presupuesto General del Estado."

Sobre la intención de los diputados de incluir un tema referente a una concesión portuaria dentro de un proyecto de ley referente a otros temas, "... Presidencia recordó además, que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia que trata de materia totalmente ajena al proyecto original que se discute por exigencia constitucional, esa materia extraña ha debido recibir el primer debate legislativo para ser Ley de la República".

Fuente: laestrella.com.pa

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