La presión ejercida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue determinante para la marcha atrás del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, en el caso de los contratos que suman un total de $256 millones.

El argumento del IGSS fue que la falta de medicinas provocada por la cancelación de los contratos estaba afectando a los usuarios del sistema.

La polémica persiste, denunciándose que empresas han sido indebidamente favorecidas por esos contratos, a cambio de apoyo a la reforma fiscal impulsada por la nueva administración.

Fuente: prensalibre.com

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