Registro de accionistas: Proyectan atrasos en Costa Rica

Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.

Viernes 27 de Setiembre de 2019

Desde el 1 de septiembre inició el proceso de registro de cerca de 370 mil personas jurídicas que tendrán la obligación de cumplir con el "Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales", siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que debieron hacerlo primero.

Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), se debe conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues el cambio de paradigma al desaparecer la sociedad anónima y obligarse al registro de accionistas, implica cambios fundamentales y estratégicos para las empresas, además en el proceso se ha generado inseguridad jurídica.

Alvaro Sáenz, vicepresidente de UCCAEP, explicó que "... uno de los principales inconvenientes para los empresarios, es el hecho de que el Instituto Costarricense contra la Drogas (ICD), el Ministerio de Hacienda y el Banco Central entregaron hasta el pasado mes de agosto las certificaciones de calidad que exige la ley sobre el resguardo, custodia y acceso restringido a la información de los obligados, lo cual provocó un ambiente de incertidumbre en las empresas que no promovió obtener la firma digital ni empezar el proceso de registro."

Añade el comunicado que "... Prueba de esto es que a la fecha hay una gran cantidad de representantes de empresas que no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados en algunos bancos para evacuar a tiempo todos los pendientes.

Otro de los señalamientos que hace el sector privado es la débil divulgación que han dado las autoridades de gobierno y otras instancias sobre el proceso. Ademas,  según confirmó el vicepresidente Sáenz, en UCCAEP están en el proceso de análisis con varios especialistas sobre las certificaciones para determinar la calidad y seguridad de las mismas, pues ese es un requisito de ley."



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A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.

No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente. A partir del 2020 la presentación debe realizarse en el mes de abril de cada año, informó el Ministerio de Hacienda.

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