Se confirma la alarmante tendencia del gobierno de Costa Rica a la autoalimentación entre instituciones y empresas públicas con contrataciones que se sustraen a la concurrencia de la empresa privada.
Jueves 30 de Junio de 2016
EDITORIAL
La maraña legal que regula las compras estatales en Costa Rica constituye una máquina de impedir que obliga a buscar soluciones peregrinas para adquirir, por ejemplo, brazaletes para reos.
Reseña un artículo en Nacion.com, que el Ministerio de Justicia "... luego de un intento fallido de adjudicar a una empresa privada el sistema de brazaletes electrónicos para reos, debido al alto costo, el Ministerio de Justicia cambió la ruta. Ahora, esa cartera busca que una entidad pública asuma el proyecto con el fin de hacerlo más expedito y lograr un mejor precio (se estima que pasaría de $30 a $18 diarios por cada sentenciado que use dispositivo)."
El "hacerlo más expedito" significa que la implementación del sistema de control de reos en libertad vigilada se adjudicará a alguna empresa pública cuya capacidad técnica para realizar esa tarea no es lo importante, pero sí lo es que las normas que la rigen le permitan realizar la contratación requerida eludiendo el sistema de control de compras estatales, como no lo puede hacer en este caso el Ministerio de Justicia.
Así, una de las empresas públicas de derecho privado contactadas es una distribuidora de electricidad, que casualmente según sus estatutos también puede proveer "servicios de telecomunicaciones e infocomunicaciones", aunque no puede exhibir experiencia alguna en brazaletes electrónicos. Otra es RACSA, una empresa estatal con tal desastrosa gestión en el área de las telecomunicaciones, que no ha quebrado y desaparecido del mercado solamente por la ayuda financiera de su empresa madre y por contratos con otras instituciones del Estado que evidentemente no son demasiado exigentes en la calidad de los servicios que reciben.
No queda claro si la intención del Ministerio de Justicia es lograr resultados en una contratación que de otra forma no puede concretar, o si ese Ministerio simplemente se plegó a la alarmante tendencia de este gobierno de autoalimentarse entre instituciones y empresas públicas con contratos que se sustraen a la libre competencia, impidiendo el concurso de la empresa privada.
Sería muy interesante verificar, en el futuro, que el costo real de cada brazalete sea realmente de $18 diarios, lo que eventualmente justificaría este raro procedimiento, o sí, como es previsible, supera ampliamente los $30 que hoy se consideran excesivos. ¿Alguien quiere apostar?
Se sigue financiando con dinero de los consumidores las continuas pérdidas de la empresa estatal de servicios de Internet, que sobrepasan los $100 millones en los últimos seis años.
A costa de los consumidores -vía precios de la energía y las telecomunicaciones- Costa Rica sigue manteniendo en funcionamiento empresas del Estado de demostrada ineficiencia.
Las instituciones estatales evitan la competencia entre las telecoms contratando servicios de telecomunicaciones sin licitación y sin límites de tiempo a las estatales Instituto Costarricense de Electricidad y Radiográfica Costarricense.
En lugar de realizar licitaciones para generar una sana competencia entre los operadores de telecomunicaciones y encontrar la mejor relación costo/beneficio, como hacen todas las empresas privadas, las instituciones del Estado renuevan convenios firmados con las estatales ICE y Racsa antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones, sin importar los precios o las condiciones de servicio que ofrezcan.
La telecom estatal costarricense proyecta alcanzar la viabilidad como empresa compitiendo con el sector privado en servicios logísticos, centros de datos, y en el área de Gobierno Digital.
Este sería un nuevo intento por recuperar los números positivos de Radiográfica Costarricense, que con su nuevo portafolio de productos pretende competir con empresas privadas con más de veinte años de trayectoria en el mercado.
El mercado ya la desahució hace varios años, pero el gobierno de Costa Rica la mantiene viva artificialmente a costa del bolsillo de los contribuyentes.
EDITORIAL
Radiográfica Costarricense (Racsa), es una empresa estatal subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), principal actor de las telecomunicaciones de Costa Rica, aún después de la apertura del mercado en el 2010.
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