¿Quo Vadis Costa Rica?

El sector privado productivo señala falta de diálogo, de claridad y mensajes contradictorios de las autoridades del nuevo gobierno costarricense, que además propone leyes que desincentivan la inversión.

Martes 12 de Agosto de 2014

Aumento de más del 4% en los salarios de los funcionarios públicos, falta de acciones para bajar el costo de la energía, levantamiento de vetos que generan inseguridad jurídica, e iniciativas para incrementar la presión fiscal sobre los sectores productivos formales, generan preocupación en el empresariado costarricense.

Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP):

Señales confusas del gobierno preocupan al sector empresarial

• Proyectos convocados en sesiones extraordinarias desincentivan la inversión
• Unión de Cámaras llama la atención por falta de diálogo, claridad y mensajes contradictorios de las autoridades.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), expresó su preocupación por las señales confusas que ha recibido en los últimos días de parte de las autoridades de gobierno.

Temas relacionados con seguridad jurídica, empleo, energía y gasto público, son los que generan alarma en el empresariado costarricense.

“Cuando el Partido Acción Ciudadana ganó las elecciones, hubo una buena comunicación de parte de don Luis Guillermo con los sectores, sin embargo hoy no percibimos la misma disposición, sino que se envían señales que generan incertidumbre e inseguridad en el sector”, dijo Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP.

Días después de que asumiera el nuevo gobierno, la Unión de Cámaras presentó una agenda de 10 temas que según los empresarios deben atenderse para impulsar el desarrollo del país y mejorar la competitividad de Costa Rica en el mediano y largo plazo.

En dicho decálogo, el primer punto que UCCAEP plantea es promover una política de Estado sobre empleo, una de las principales necesidades que tienen los costarricenses actualmente. En la propuesta se reconoce que no hay empleo sin empresas, y para que haya más y mejores empresas se requiere un clima favorable de inversión y seguridad jurídica.

Sin embargo, en los últimos días el sector recibe mensajes confusos que elevan la preocupación de quienes generan miles de fuentes de empleos en el país.

El reciente levantamiento de un veto presidencial del año 2009 que otorga una calle pública a un grupo de particulares, es uno de los puntos que preocupan al sector empresarial formal, por las consecuencias que trae en materia de seguridad jurídica.

El tema se vuelve más grave aún, cuando a lo interno del gobierno se valora el levantamiento de otros vetos que podrían atentar contra la salud y la seguridad nacional. Ante este escenario, UCCAEP presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que ordena el levantamiento del veto referente a la calle 13 bis.

El sector empresarial también ha sido insistente en la urgente necesidad de bajar las tarifas eléctricas en el corto plazo, pues las consecuencias inmediatas son posposiciones de inversiones, traslados a otros países y pérdidas de competitividad.

Por otra parte, es fundamental prestar atención a la situación de las finanzas públicas, pues mientras el Ministerio de Hacienda presenta iniciativas que sólo lograrán ahuyentar inversiones productivas formales, el Ministerio de Trabajo aprobó un ajuste salarial semestral para los empleados públicos que oscila entre el entre 4% y 5%. Por cada punto porcentual pagado a los trabajadores del Gobierno Central, el Estado debe desembolsar ¢26.000 millones.

El sector llama la atención sobre el plan del Ministerio de Hacienda para combatir la evasión, y reitera el llamado a enfocar los esfuerzos contra las empresas y personas que se encuentran en la informalidad, produciendo sin pagar impuestos o cargas sociales; y no contra la empresa formal responsable. Esta última es aquella que está en la obligación de presentar oportunamente sus declaraciones y pagar los impuestos que corresponden.

“Es imposible generar empleos si no se atienden los temas de competitividad del país, tales como tarifas eléctricas, precios del combustible y trámites, entre otros. Para proyectar inversiones productivas de largo plazo se requieren acciones concretas y señales positivas y hoy el ambiente no parece el más idóneo", puntualizó el presidente de UCCAEP.

UCCAEP confía en que habrá más espacios de diálogo a futuro para la toma de decisiones que requiere el país en el corto, mediano y largo plazo.
Agenda extraordinaria

La Unión de Cámaras incluyó dentro de sus preocupaciones la convocatoria de algunos proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias de agosto. Es el caso de la iniciativa que pretende derogar la Ley General de Concesión de Obra Pública.

“El modelo de concesiones funciona en muchos países como Chile, en Costa Rica lo que ha fallado es la fiscalización de los proyectos. Es impensable que sea el MOPT o cualquier otra entidad estatal, a sabiendas del creciente desbalance de las finanzas públicas, las que sufraguen los grandes proyectos de obra pública que necesita Costa Rica”, dijo Jiménez, quien recordó que este tema también es de los grandes obstáculos para la competitividad.

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