El poder que tienen los sindicatos de empleados públicos en el país quedó de manifiesto con el acuerdo que autoridades de la Caja del Seguro Social aceptaron firmar para que los empleados de la entidad puedan seguir gozando de privilegios en perjuicio de los demás.
Miércoles 14 de Agosto de 2019
EDITORIAL
Argumentando que "judicializar" la huelga era la única y mejor salida que se podía lograr en el corto plazo, las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) cedieron a las presiones de los sindicalistas, quienes con el afán de mantener el trato diferenciado del que han gozado por muchos años, suspendieron el acceso a servicios básicos de salud, llegando incluso a realizar acciones tan despreciables como cerrar un banco de sangre y paralizar equipos para tratamiento de cáncer.
Para Maurizio Musmanni, presidente de CACIA, “lo actuado por jerarcas de gobierno no solamente es contrario a lo establecido en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sino que representa una bofetada a todos los ciudadanos y empresas, que por dicha ley están pagando mucho más impuestos por concepto de IVA y renta, confiando en que también había un compromiso país, especialmente del Gobierno de la República, por eliminar privilegios y abusos salariales defendidos por los sindicatos”. Ese compromiso legal, institucional y político ha sido violentado de una manera irregular y decepcionante por parte del Gobierno, acotó Musmanni."
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) pidió al gobierno que dé marcha atrás con el documento firmado. "... Es claro que el verdadero peligro para el sistema de seguridad social son los propios sindicatos de salud, quienes están dispuestos a sacrificar a los afiliados con tal de conseguir privilegios fuera de la ley y esto no debe ser respaldado por el Poder Ejecutivo."
Respecto a las condiciones del acuerdo, un artículo de Elobservador.cr detalla que "... Para ponerle fin a la huelga que llevaba una semana, el sector sindical del Seguro Social y el Gobierno firmaron una serie de compromisos entre los que destacan:
No aplicar la regla fiscal en la CCSS
Mantener el pago bisemanal a los empleados
Evitar las sanciones contra los manifestantes
Pedir en instancias judiciales que las nuevas regulaciones de los beneficios salariales introducidas por la Reforma Fiscal no se apliquen en la Caja." Ver artículo completoaquí.
La triste realidad es que las autoridades de la CCSS prefieren actuar como Poncio Pilato, que enfrentarse al poder de los sindicatos. Al finalizar la conferencia de prensa en la que justificaba la firma del acuerdo, el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya, aseveró: "Será un juez de la República el que decida quién tiene la razón".
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Argumentando defender "los intereses de los trabajadores", grupos sindicales en Guatemala presentaron un recurso contra el acuerdo recientemente aprobado que regula el empleo a tiempo parcial en el país, y en respuesta, la Corte de Constitucionalidad decidió suspenderlo temporalmente.
Después de varios años de discusión, el 27 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 89-2019 que establece el Reglamento del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para regular en el país la contratación de personal a tiempo parcial.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley que autoriza a los patronos a suspender, desde el primer día de manifiestación, el pago de salario a los trabajadores del sector público que se alcen en huelga.
La Asamblea Legislativa votó en trámite de primer debate el expediente 21049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que pretende eliminar los privilegios exagerados con que cuentan los empleados de entidades del Estado a la hora de decretar y ejecutar una una huelga en el sector público, informó la Asamblea Legislativa el martes 3 de septiembre.
A una semana de haber iniciado la huelga de sindicatos públicos en Costa Rica, el sector privado demanda a las autoridades actuar más rápido y evitar los bloqueos de las vías pública.
Ante la huelga que lideran los sindicatos públicos del país y que suma más de siete días, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), exige al gobierno actuar con celeridad y evitar más bloqueos en vías públicas.
Corte Suprema deja en firme el veto a la Ley llamada de Reforma Procesal Laboral, que permitía convocar huelgas en servicios esenciales como puertos, hospitales y transporte público.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector EMpresarial Privado (Uccaep):
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