La suspensión parcial de los contratos de trabajo y de los pagos de las cargas sociales, son algunas de las propuestas de los empresarios en Costa Rica para que ante la propagación del covid-19, los niveles de empleo se mantengan.
Martes 17 de Marzo de 2020
Representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pronostican que si se retrasan las acciones urgentes el desempleo se podría disparar del 12% al 19%.
Del comunicado de la UCCAEP:
La Unión de Cámaras instó al gobierno a tomar una serie de medidas impositivas, sociales, financieras y laborales para ayudar a las empresas a enfrentar los efectos económicos, ante la emergencia nacional por el COVID-19.
Además, el sector privado ofreció al Presidente de la República un Pacto Nacional por el Empleo, y propuso formar un comité de crisis con: el Primer Mandatario, Diputados, Alcaldes y la Unión de Cámaras (UCCAEP), expresó Álvaro Sáenz, presidente de La Unión de Cámaras (UCCAEP).
De esa manera los empresarios podrán participar en la construcción de soluciones para paliar la crisis. “Si se retrasan las acciones urgentes el desempleo se podría disparar del 12 al 19 por ciento”, advirtió el líder empresarial.
Entre las medidas financieras y fiscales destaca la readecuación de deudas e hipotecas, así como de los atrasos en el pago de créditos, eso alivia el flujo de caja de las empresas.
A la vez hay que flexibilizar, temporalmente, la normativa regulatoria de reclasificación de deudores y sus mitigadores, para poder tener la capacidad de reestructurar créditos, ampliando plazos y dando periodos de gracia.
Asimismo, el régimen municipal -de manera solidaria- debe anular durante la emergencia, todo cobro de las tasas e impuestos municipales.
El líder empresarial insistió en reducir las tarifas eléctricas y flexibilizar los instrumentos de política monetaria, como los encajes, para bajar el costo financiero y proveer la liquidez necesaria.
En el campo laboral el sector privado propone flexibilidad laboral o jornadas excepcionales, por sus ventajas en mitigar el contagio del COVID-19, porque hay un día menos de exposición; aplica a población laboral de bajos ingresos que no puede acceder a teletrabajo; se salvarán muchos trabajos por flexibilidad de horarios; aprovechamiento pleno de la infraestructura vial.
Otra medida es pagar las cargas sociales sobre el tiempo efectivamente laborado, conocida como base mínima contributiva.
Igualmente, la suspensión parcial del contrato de trabajo, de manera temporal, para no tener que despedir personas, en vez de despedir 10, se puede mantener a 20 con medio tiempo.
La Unión de Cámaras urge analizar la posibilidad de suspender, de manera parcial o total el contrato de trabajo y por ende el pago de cargas sociales. De no hacerse rápidamente, el desempleo aumentará rápidamente.
En la misma línea es importante emitir el Reglamento de Trabajador Independiente y trasladar aplicación de la homologación salarial al 2021.
Según manifestó Sáenz debe considerarse la suspensión por un mes de las cuotas obreras de la Caja y en firme eliminar -durante la emergencia- toda multa e intereses por atraso en el pago de las cuotas patronales (no obrero), y no castigar a los patronos que no han podido pagar, designándolos como morosos.
Los empresarios señalaron que el miedo y la desinformación son el peor enemigo; no debe cundir el pánico porque la producción sigue activa; abastece de productos y de todo lo necesario para que los costarricenses disfruten del estado de bienestar.
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Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado: