Privilegios encarecen combustibles

Un fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, son financiados vía precios que pagan los consumidores, aun los más pobres.

Martes 31 de Octubre de 2017

OPINION
Jorge Cobas González
Director fundador de CentralAmericaData.COM

Imagínese que en la caja del supermercado, en lugar de preguntarle si quiere colaborar con el fondo de ayuda al Hospital de Niños, o la compra de sillas de ruedas para un albergue de ancianos, le informan que al costo de su compra se debe agregar obligatoriamente un porcentaje para pagarle privilegios como el servicio de restaurante o gastos de recreación, a los funcionarios de una empresa estatal que ya reciben salarios por encima de los que se pagan en la empresa privada. Seguramente su respuesta sería abandonar su compra y marcharse indignado al campo a comprar directamente a los productores las papas, las lechugas, los huevos y la leche.

Imagínese ahora que usted está en Costa Rica y necesita cargar combustible. En la estación de servicio le informarán que como parte del precio a pagar, usted estará contribuyendo con 5 centavos de dólar por litro de combustible, para financiar el fondo de ahorro, préstamos para vivienda, gastos de recreación y garantías, becas para los hijos, y servicio de restaurante, de los funcionarios de la estatal y monopólica distribuidora de hidrocarburos de Costa Rica, RECOPE.  ¿Puede usted retirarse indignado a comprar el combustible a otra parte? NO, NO PUEDE. Porque esa empresa estatal tiene el monopolio de la distribución de hidrocarburos, y nadie más puede ofrecérselos.

No importa que su vehículo sea un costoso auto de lujo o una pequeña motocicleta, todos los consumidores de combustibles deben contribuir para pagar los privilegios otorgados a los funcionarios de RECOPE, privilegios homologados por la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, que en todas sus sentencias se ampara en el concepto de los "derechos adquiridos", concepto tan deformado desde su origen como premisa formal de justicia, que hoy día sirve para mantener como miembros de una aristocracia perpetua a los burócratas estatales, en desmedro de los que no pertenecen a ella.

Las concesiones y privilegios otorgadas a funcionarios de las instituciones y empresas del Estado, por directivos complacientes en el uso de los dineros de todos los ciudadanos, deben revocarse, por ser discriminatorias con el resto de los ciudadanos, y por ser un factor distorsionante de la economía, tal como es claro en el caso del precio de los combustibles.

Ver: Usuarios pagarán combustible más caro desde febrero por convención colectiva de Recope

Ver: "Derechos adquiridos" o El jardín de los locos

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