Las operaciones de la Mina Crucitas, que están en las fases preparatorias de la producción regular, siguen detenidas como medida precautoria por un Tribunal Contencioso Administrativo, que acogió una demanda contra el proyecto de una organización ambiental. La Presidenta Chinchilla declaró que el Poder Ejecutivo costarricense estará a lo que decida el Poder Judicial.

Chinchilla había anunciado que estudiaría las peticiones de grupos ambientalistas y que eventualmente podría revocar la concesión otorgada por la administración anterior de Oscar Arias.

El Vicepresidente costarricense Alfio Piva había calculado en $1.700 millones la posible indemnización, cifra que sorprendió hasta al propio gerente de Crucitas, Juan Carlos Obando.

Fuente: CentralAmericaData.COM

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