Preocupación empresarial legítima y obligada

La mejor forma de contribuir al mantenimiento del mejor clima de negocios es la militancia activa en defensa de la institucionalidad democrática.

Lunes 18 de Enero de 2016

Todos los ciudadanos son apoderados constitucionales del poder público, y los empresarios como tales deben ser la primer línea de defensa de la institucionalidad democrática.

EDITORIAL

En Panamá se suceden las noticias sobre "penosas situaciones" en la cima de los poderes estatales, situación que lamentablemente se repite con frecuencia en los países de nuestra región, debilitando la institucionalidad cuya esencia es asegurar la convivencia democrática que da seguridad en el camino al desarrollo social y económico.

La reacción al respecto de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de ese país (CCIAP) es obligada y necesaria.

Del comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP):

INSTITUCIONALIDAD SE RESQUEBRAJA

Esta Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha manifestado, en innumerables ocasiones, que el mayor reto de nuestro país, es recuperar la confianza de la ciudadanía en la clase política. Este mismo enunciado, fue utilizado por el Presidente de la República en su pasado Informe a la Nación. Sin embargo, el actuar de algunos representantes de los Órganos del Estado no parece estar encaminado a lograr este objetivo.

Hemos sido testigos de penosas situaciones tales como las presentadas recientemente en la Comisión de Credenciales del hemiciclo legislativo, sobre las cuales aún aguardamos ejemplares sanciones; la semana pasada, nuevamente se presentó un bochornoso cuestionamiento a quienes administran aquel preciado activo que sangre y sudor costó a muchas generaciones. No podemos dejar pasar por alto las nuevas pugnas que surgieron en la Corte Suprema de Justicia, con públicos y lamentables señalamientos sobre su actuación.

La nobleza y seriedad de muchos de los hombres y mujeres de vida pública que están comprometidos con su función, a pesar de que son señalados por generalización conductual de quienes no parecen ostentar esta responsabilidad, les obliga a promover cambios reales y una autorregulación. Una revisión genuina de la Ley de Carrera Administrativa y la eliminación de fueros innecesarios, como licencias de autos, que les otorgan privilegios a funcionarios, de los cuales no gozan el resto de los ciudadanos.

Para lograr la estabilidad que permita que el país avance hacia un modelo democrático, es indispensable que exista un debate de altura y el fortalecimiento institucional, cuyo punto de partida es el actuar de quienes fueron electos por las mayorías para trabajar por Panamá.

Los panameños somos los apoderados constitucionales del poder público, exijámoslo con el debido respeto.



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