Precios de transferencia entre empresas vinculadas

Con el objetivo de brindar seguridad jurídica en materia tributaria a las empresas que tienen transacciones con empresas vinculadas, en Costa Rica la Dirección General de Tributación emitió una resolución sobre pautas a seguir para la suscripción de Acuerdos de Precios por Anticipado.

Viernes 4 de Junio de 2021

El precio de transferencia es el que pactan dichas empresas para prestarse bienes y servicios o para traspasar derechos entre ellas, los cuales, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se deben valorar a precios de mercado, como si se tratara de operaciones entre partes independientes.

Del comunicado del Ministerio de Hacienda: 

3 de Junio de 2021. Con la emisión de esta regulación el país avanza en la implementación de mejoras en la normativa, derivada de lo dispuesto en el artículo 81 bis de la Ley de Impuesto sobre la Renta (*), conforme a estándares internacionales.

Mediante la posibilidad de suscripción de este tipo de Acuerdos, los contribuyentes que así lo soliciten y la Administración Tributaria pueden establecer, con anticipación y durante un plazo determinado, un conjunto de hipótesis críticas, procedimientos y criterios oportunos sobre métodos y ajustes, entre otros, relacionados con la definición de los precios de transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas (asociadas o relacionadas entre sí).

El precio de transferencia es el que pactan dichas empresas para prestarse bienes y servicios o para traspasar derechos entre ellas, los cuales, conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se deben valorar a precios de mercado, como si se tratara de operaciones entre partes independientes.

Según la normativa vigente, la Administración Tributaria puede requerir al contribuyente, en cualquier momento, toda la información al respecto, como parte de sus planes de control, y en caso de que detecte alguna desviación de los precios de mercado puede hacer los ajustes correspondientes. De aquí que los “APA”, vienen a facilitar un espacio armonioso mediante el cual las empresas, previa explicación a la Administración, tienen la posibilidad de solicitar formalmente su suscripción y la forma en que proponen valorar sus operaciones con empresas relacionadas. Así, en el momento en que ambas partes se ponen de acuerdo al respecto, se otorga seguridad jurídica a las empresas en cuanto al respeto de lo acordado.

Al mismo tiempo, se fomenta el adecuado cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de las empresas en el marco de un esquema más cooperativo entre ambas partes, siempre en apego a lo que dispone la normativa tributaria vigente.

Según la resolución que rige desde marzo, corresponde a la Dirección General de Tributación realizar los trámites y revisión de las solicitudes, elaborar las resoluciones de aprobación, denegatoria, renovación, revocatoria o terminación del APA. Los contribuyentes también tienen la posibilidad de participar en audiencias preliminares para presentar verbalmente las pretensiones y los aspectos generales de mayor relevancia sobre la posibilidad de suscribir el Acuerdo.

Una vez presentada la solicitud, la Administración Tributaria contará con un plazo de seis meses para responderla, el cual podrá ser ampliado hasta un máximo de otros seis meses, en función de la complejidad del estudio. Una vez aprobado el APA, tendrá una vigencia de cinco períodos fiscales. Los contribuyentes podrán solicitar renovaciones hasta por un máximo de cinco períodos fiscales y también llegar a una terminación por mutuo acuerdo, en cualquier momento durante su vigencia.

Toda la documentación e información presentadas para la suscripción del acuerdo tendrán efectos únicamente sobre este procedimiento y serán utilizadas sólo para ello, además estará protegida por el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aun cuando la solicitud haya sido denegada o terminada.

(*) Art.81: Artículo 81 bis- Principio de libre competencia. Los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, las cuales sean residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligadas, para efectos del impuesto sobre la renta, a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y los montos de contraprestaciones, que pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones comparables, atendiendo al principio de libre competencia, conforme al principio de realidad económica contenido en el artículo 8 de la Ley Nº 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971. Esta valoración solo procederá cuando la acordada entre partes resulte en una menor tributación en el país, o un diferimiento en el pago del impuesto.

El valor determinado deberá reflejarse para fines fiscales en las declaraciones de renta que presenta el contribuyente.

La Administración Tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre las partes relacionadas se han valorado de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, y efectuará los ajustes correspondientes cuando el precio o monto estipulado no corresponda a lo que se hubiera acordado entre partes independientes en operaciones comparables.
En estos casos, la Administración está vinculada por el valor ajustado en relación con el resto de partes vinculadas residentes en el país.

Lo aquí dispuesto alcanza cualquier operación que se realice entre partes vinculadas y tenga efectos en la determinación de la renta neta del periodo en que se realiza la operación o en los siguientes periodos.

El Poder Ejecutivo desarrollará los métodos aplicables, los ajustes correlativos, los criterios de vinculación, los análisis de comparabilidad, las pautas generales de documentación, la declaración informativa y demás elementos necesarios para efectos de poder determinar, razonablemente, los precios de libre competencia, incluida la facultad para que la Administración Tributaria pueda suscribir acuerdos previos sobre valoración de precios de transferencia, sean estos unilaterales, bilaterales o multilaterales. Lo que resuelva la Administración Tributaria en relación con las gestiones que se le soliciten para suscribir acuerdos previos de precios de transferencia no tendrá recurso alguno. Igualmente, la Administración Tributaria contará con facultad para llevar a cabo procedimientos de acuerdo mutuo.

En las operaciones entre partes vinculadas, cuando exista excepcionalmente un precio regulado por el Estado, se utilizarán en sustitución del método que analiza operaciones comparables los precios determinados según la regulación.

(Así adicionado por el título II aparte 17) de la ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018).



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